Se instaló ayer el Consejo Económico y Social, un foro de discusión y aportaciones a políticas públicas que reúne a un amplio sector del capital con otro no menos amplio que representa tanto al trabajo como a las inquietudes ciudadanas de la sociedad civil. Cada grupo tiene 24 representantes. Asimismo, participan como sector de apoyo diez instituciones que han desplegado amplias investigaciones sobre temáticas sociales. Algunas de estas instituciones son universidades, y otras tienen más bien la estructura de ONG.
La finalidad primordial: dialogar, consensuar y aportar a políticas públicas que el Gobierno vaya elaborando y presentando a este órgano consultivo permanente. Es en realidad un paso necesario, que en cierto modo se había contemplado ya como imprescindible en la construcción de la nueva democracia salvadoreña que nace tras los Acuerdos de Paz. Un paso también que había sido relegado al olvido tras no lograr establecer ni diálogo ni políticas públicas adecuadas en los años inmediatamente posteriores al fin de la guerra. Eran tiempos de estrategias neoliberales, de privatizaciones y supuesto aligeramiento del Estado; por tanto, ni las políticas públicas con dimensión social interesaban a los sucesivos Gobiernos, ni el consenso era posible cuando se trataba de privilegiar prioritariamente al capital sobre el trabajo.
Aparece ahora, con el Gobierno del FMLN, el esfuerzo por cambiar pautas autoritarias en el modo de gobernar. Y aunque haya que reconocer que tímidamente había comenzado ya cierto estilo de diálogo con el anterior Gobierno de Arena (a través de una serie de comisiones que funcionaron con mayor o menor fortuna), lo cierto es que ahora la idea nace con mucha mayor precisión y claridad. Porque en un foro de discusión deben estar no sólo especialistas o políticos, sino también las fuerzas vivas básicas de la sociedad, como lo son el capital, el trabajo y el conocimiento. Tanto la idea como su inicio son buenas. Queda ahora el trabajo más difícil.
El éxito de esta iniciativa dependerá de varios factores. Suponemos la voluntad de diálogo abierto en todos los sectores que participan; pero además debe haber, en primer lugar, capacidad gubernamental de elaborar políticas públicas viables. Si el Gobierno no presenta proyectos de políticas públicas serios y acordes a la realidad salvadoreña, el fracaso sobrevendría pronto. En segundo lugar, se necesitará una metodología de participación y diálogo bien pensada. Es imposible creer que las cosas funcionarán bien, por poner un único ejemplo, si se permiten en la participación de los miembros del consejo discursos largos, que rápidamente degenerarán en tediosos. Participaciones de más de dos minutos en el diálogo abierto no deberían ser permitidas. Y, finalmente, se requiere que los consensos logrados se traduzcan rápidamente en legislación, institucionalidad y en ejecución y funcionamiento palpable de las medidas aceptadas como parte integrante de las políticas públicas.
Entramos en una etapa importante de diálogo y búsqueda de consensos. Nos hayamos en un momento de realismo hondo, al contar con las fuerzas sociales que dan vida a nuestra propia sociedad. Y enfrentamos una crisis mundial con sus repercusiones nacionales que hace indispensable el consenso e incluso el esfuerzo y sacrificio de todos. Ojalá el grupo entre con energía y esperanza al trabajo, y ojalá el país aliente un diálogo que no es necesariamente fácil, pero que es indispensable para construir un futuro con una democracia de mayor calidad y una justicia social enraizada en la dignidad de la persona humana.