¿Olvidó la contraseña?
Ingrese su correo electrónico:
Cree su cuenta
En declaraciones recientes, el magistrado Florentín Meléndez denunciaba que "la corrupción permea el sistema judicial", mientras los jueces permanecen "dormidos y apáticos". Como propuesta para superar la situación y aportar para un verdadero cambio en el país, animaba a reflexionar sobre "el rol de los jueces". Poco después, las asociaciones de jueces reaccionaron indignadas ante la propuesta del magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y en esa reacción reflejan la baja calidad de la mayoría de nuestros jueces. Que existe corrupción y que no hay lucha contra esta es evidente. Lo saben los presos y los abogados defensores, que casi hacen rezos para que les toque un juez y no otro, o un secretario de juzgado y no el de al lado. Y en cuanto a la pasividad, apatía y somnolencia de los jueces —y por extensión, del cuerpo jurídico en general— las pruebas son palmarias. Recorrer algunas de ellas nos facilitará no solo la reflexión, sino el despertar de quienes se rasgan las vestiduras cuando les califican de dormilones.
Desde su puesta en vigor en 1983, la Constitución garantiza la indemnización universal de los trabajadores. Pero los diputados violaron sistemáticamente por omisión ese mandato constitucional hasta que, hace poco, la Sala de lo Constitucional dio la orden de legislar al respecto. Asimismo, el derecho a indemnización por retardo judicial está en la Constitución desde los ochenta. Sin embargo, todavía nadie ha reclamado indemnización por retardo judicial, a pesar de ser tan frecuente. Por supuesto, las instancias de apelación (cámaras o salas) no se han atrevido a ponerle una multa al juez responsable del retardo para indemnizar a la víctima, dada la ausencia de ley. Por lo visto, al sistema judicial "codiguero" salvadoreño no le interesa demasiado la Constitución.
El último escándalo desatado es con respecto al artículo 80 de la Constitución, que dice que "el presidente y vicepresidente de la República, los diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano y los miembros de los Concejos Municipales son funcionarios de elección popular". Se trata de una reforma constitucional de 1991, sin duda hecha a partir de la firma del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano de 1987. A pesar de que el texto es clarísimo, ningún juez se dio cuenta de que los presidentes y vicepresidentes no podían incorporarse al Parlamento de un modo automático al dejar su cargo, hasta que Mauricio Funes decidió hacerlo. ¿Hasta ahora no había leído la Constitución nadie del gremio jurídico? En realidad, lo que imperaba era el miedo a un sistema judicial dominado en su cúpula por un solo color político, tan implacable para vengarse como derechista en sus sumisiones. De ahí a la corrupción no hay que dar un paso: se está ya en la corrupción.
Nuestros jueces dictan sentencia en una jerga poco comprensible para la ciudadanía, son fatuos en sus escritos, les gusta citar en latín —tal vez para deslumbrar, aunque lo hagan mal—, manejan con deficiencia nuestro idioma —desconociendo y desvirtuando muchas palabras—, olvidan la racionalidad en sus alegatos cuando quieren defender a sus amigos, son incapaces de entregar con prontitud y claridad información a víctimas o a personas involucradas en un juicio. Si todo eso no significara apatía, si eso no requiriera cambio, si eso no constituyera un obstáculo para la justicia, tendrían derecho estos jueces a protestar cuando los llaman "apáticos". Pero no es así. Por supuesto, hay jueces competentes, pero el hecho de que lo mencionado suceda ante los ojos de la ciudadanía bien merece el inicio de una reflexión.
Cuando hablamos de criminalidad, tenemos que reconocer que una de sus causas es lo poco democrática y muy autoritaria que es nuestra sociedad. La violencia institucionalizada a través del mal funcionamiento, corrupción y autoritarismo de los operadores de justicia engendra también violencia, al igual que las estructuras económicas injustas. Apertura a la reflexión, a la autoevaluación, a la crítica y a escuchar a la ciudadanía es indispensable para que nuestro sistema judicial mejore. Rasgarse las vestiduras, como hacen estos solemnes jueces por la vía de sus asociaciones gremiales, provoca lástima, coraje y —por qué no— también risa.
