El juego del ridículo

A algunos diputados de la Asamblea Legislativa les cuesta pasar mucho tiempo sin hacer el ridículo. Como que se aburrieran si no dan una declaración absurda, si no emiten una ley tonta o si no suprimen una parte inteligente de una ley. Hoy el tema es la cólera de algunos diputados de derecha a raíz de unas declaraciones del Presidente del Banco Central de Reserva. Carlos Acevedo ha dado a entender que la aprobación de leyes en la Asamblea depende más de los intereses de los legisladores que de responsabilidades con el país. Y, sin embargo, pese a su cólera, es obvio que los diputados se mueven fundamentalmente por intereses. Y cuando no quieren que sus intereses o los de sus amigos se toquen, se unen rápidamente. La eliminación de la medida que proponía el Ministerio de Hacienda, obligando a la declaración patrimonial a quienes ganan más de 75 mil dólares al año, ha sido un escándalo más, protagonizado por estos pobres e ignorantes diputados que no tienen idea de cómo funciona un sistema de impuestos moderno y avanzado. Ojalá el presidente Mauricio Funes ponga el veto a esa decisión de quienes no quieren que haya trasparencia en los niveles superiores del impuesto sobre la renta.

Esa mezcla de ignorancia y falta de escrúpulos ha sido manifiesta. No sólo en esta legislatura, sino en toda la historia reciente de nuestra Asamblea. Oír los discursos de los diputados es simplemente escuchar palabras, con frecuencias carentes de ideas. Eso sí, expresando intereses. La reflexión y la independencia intelectual son casi nulas. La pobreza de argumentos, vergonzosa para cualquiera que conozca ligeramente las necesidades del país. Escuchar al diputado Merino hablando chocarrerías para supuestamente defenderse del Presidente del Banco Central es casi tan vergonzoso como el espectáculo que nos dio hace varios años en la televisión.

La Asamblea Legislativa sale sistemáticamente en los últimos puestos de aprobación ciudadana cuando se le consulta a la población su juicio sobre diversas instituciones. No se ha ganando la confianza de la ciudadanía por culpa de la abundancia en su seno de gente poco preparada. Y porque al escuchar cómo se discute en la Asamblea, la gente piensa que hay más obediencia a líneas externas que a pensamiento propio, más preocupación por seguir la línea del partido que por interesarse realmente en la gente, más ganas de hostigar al contrario que de encontrar consensos sobre las graves necesidades del país.

Por eso llama la atención que les haya molestado tanto a algunos asambleístas que les digan que se mueven por intereses. En realidad, lo que les ha dicho el Presidente del Banco Central no es más que una mínima parte de lo que piensa la ciudadanía de ellos. Aunque no todos los que están en la Asamblea sean indeseables, hay una buena cantidad de personas irresponsables e ignorantes. Aún más: desde una visión jurídica documentada, un relativo buen número de diputados debería ser desaforado y destituido por violar la Constitución, sino por comisión al menos por omisión. Porque la Constitución tiene 27 años de existencia y algunos de los derechos que la misma otorga a la ciudadanía todavía no han sido consignados en la legislación secundaria. Es una vergüenza que la Constitución dé derechos al ciudadano y diga que esos derechos se regirán por legislación de la Asamblea, y que las diferentes Asambleas Legislativas se hayan negado a emitir leyes que regulen esos derechos constitucionales. A eso se le llama violar la Constitución por omisión. Pero entre nosotros las violaciones a la Constitución sólo se mencionan cuando hay intereses poderosos de por medio. Los derechos del ciudadano pobre o sin voz como que no fueran constitucionales.

Un mínimo de sensatez es necesaria, y los diputados sensatos deberían pronunciarse contra la insensatez de convocar al Presidente del Banco Central para que dé explicaciones sobre sus declaraciones. Incapaces de enfrentarse con la opinión pública ciudadana, llaman solamente a los funcionarios a quienes creen que pueden amedrentar. Pero tal vez lo más inteligente sería que llamaran a diferentes personalidades de la sociedad civil y les preguntaran el porqué de la baja reputación que tienen los diputados entre la ciudadanía. Tal vez así podrían corregir errores, mejorar su trabajo y contribuir a la democracia. Porque una institución tan desprestigiada como nuestra Asamblea abona realmente muy poco a la cultura democrática de El Salvador.