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La falta de credibilidad de los partidos, aún más acentuada en el caso de los dos mayoritarios, se ha convertido en el principal lastre para sus candidatos presidenciales. Y estos lo saben bien. Por eso se empeñan en tomar distancia de sus mismos institutos políticos. Los candidatos se presentan como distintos, afirman que comenzarán una nueva historia y harán las cosas de otra manera, pero el fardo del descrédito partidario no los deja avanzar. La fórmula presidencial de los partidos de derecha aglutinados en Alianza por un Nuevo País ha invertido no poco esfuerzo, tanto en espacios académicos como a través de publicidad, en reconocer errores y justificar comportamientos del pasado. Sin embargo, su propio partido se encarga de tirar por la borda lo que hacen y los condena al fracaso electoral.
Mientras Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo afirman que pondrán en el centro de su quehacer a la persona, mientras hablan de una especie de humanización del modelo económico, Arena va en sentido contrario. El jueves 20 de diciembre, como regalo de Navidad, los diputados de Arena en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa negaron sus votos para la transferencia de un terreno del Estado a decenas de familias que fueron desalojadas de la finca El Espino el 16 de mayo pasado, luego de residir por largos años en esa propiedad. Algunos de los miembros de la comunidad incluso nacieron ahí hace décadas. Desde el desalojo, las familias habitan champas improvisadas a la orilla de la tierra que antes fue su hogar. Fueron tratadas como usurpadores. Lo que quedó de sus viviendas fue destruido y el terreno fue cercado por la familia multimillonaria favorecida por el fallo judicial.
Las imágenes de las familias desalojadas recorrieron el mundo y se convirtieron en muestra de la injusticia social que impera en el país. Gracias a la organización de la comunidad y el acompañamiento de diversas organizaciones, el Gobierno de la República decidió ceder un terreno estatal, en la misma zona, a las familias. El proceso legal exigía que la transferencia de la tierra fuera aprobada en el Consejo de Ministros, y así se hizo el 30 de noviembre. Faltaba traspasar la tierra a Fonavipo para que este la cediera a los afectados, pero en la sesión de la Comisión de este jueves Arena negó sus votos sin dar mayor explicación. Luego, uno de los diputados declaró que había que contar previamente con el parecer de la autoridad municipal de Antiguo Cuscatlán, a fin de determinar si la transferencia no alteraba sus planes de desarrollo.
En 1998, durante la administración de Armando Calderón Sol, la Asamblea Legislativa aprobó la donación de ocho manzanas de El Espino a una universidad privada y otra porción para una fundación empresarial. Entonces no hubo reparo a la donación. Ahora que una porción de esa tierra puede beneficiar a gente pobre, los diputados de Arena se oponen. En el fondo, para ellos es inadmisible que unos terrenos de gran plusvalía sean destinados a salvadoreños humildes. Para reparar, al menos en parte, una emblemática manifestación de la injusticia social en el país, no hay votos, como tampoco para reconocer el derecho humano al agua ni para una ley que garantice que el Estado cumpla con ese derecho.
Lo de humanizar el modelo económico, lo de poner en el centro a la persona quizá sí esté en las intenciones de Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, pero todo es papel mojado frente a un partido que insiste en ser el mismo de siempre.
