El Salvador va en retroceso

Aunque la propaganda busque convencer de lo contrario, El Salvador va en retroceso. El “país del milagro”, como se le promociona, está involucionando a etapas de su historia que se creía superadas. Algunos ejemplos dan fe de ello.

La descentralización de la administración pública se impuso como tendencia a fines de los años ochenta del siglo pasado. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el objetivo primordial de descentralizar el poder es aproximar el gobierno a la gente y lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas. Además, permite mejorar la prestación de servicios públicos y elevar el nivel de vida de los ciudadanos. En definitiva, la descentralización, en cualquiera de sus modalidades, refuerza la democracia porque acerca el nivel de toma de decisiones a quienes se ven directamente afectados por las medidas gubernamentales. Lo poco que El Salvador avanzó en este camino se ha desandado en la última administración.

Ahora se han concentrado el poder de decisión y el uso del dinero. Después de ofrecer en campaña aumentar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), este se redujo a su mínima expresión. Para llenar este vacío se creó la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). Además, se aprobó una ley especial que quita a los municipios la mitad de lo recaudado en concepto de recolección de basura debido a que ese servicio se centralizará. La principal consecuencia de esta centralización del poder y del dinero es el abandono de las localidades. Pese a que se ha reducido el número de municipios, el desarrollo no llega a la gente.

Por otro lado, uno de los frutos más valiosos de los Acuerdos de Paz fue sacar al país de la sombra de la dictadura militar que imperaba desde 1932. Antes de la guerra, los militares decidían todo y por todos; presidían las instituciones más importantes; tenían jerarquía sobre los cuerpos de seguridad; eran protagonistas de la vida pública. Los Acuerdos redefinieron el rol constitucional de la Fuerza Armada, limitándolo a la defensa de la soberanía nacional y de la integridad del territorio, y crearon la Policía Nacional Civil para que velara por la seguridad pública. El Ejército volvió a los cuarteles y la Policía ocupó su lugar en las calles.

Aunque la remilitarización de la seguridad pública inició en los gobiernos de Arena, ha sido la administración Bukele la que les ha devuelto a los militares el papel protagónico que tenían antes de la guerra, hasta el grado de legalizar su actuación en materia de seguridad ciudadana. Asignar labores de seguridad pública a los soldados es un error, ya que los militares están preparados para la guerra, no para proteger a los ciudadanos. La dictadura militar del pasado se caracterizó por  graves violaciones a los derechos humanos, por la represión a cualquier tipo de disidencia y por cometer asesinatos selectivos y colectivos.

Antes de la guerra, el país no tenía elecciones libres; los comicios eran un trámite en el que se desoía la voluntad popular. Con la firma de la paz, El Salvador dio pasos importantes hacia la integridad electoral. Pero desde el 1 de mayo de 2021, cuando la bancada de Nuevas Ideas destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, e inició un proceso de demolición de los mecanismos de control del poder, el proceso electoral comenzó a contaminarse. Los comicios de 2024 confirmaron el retroceso del país en esta materia; las viejas trampas de la dictadura militar se vieron en el escrutinio final. Ahora, en la clasificación internacional de regímenes políticos, El Salvador figura como dictadura electoral.

Estos retrocesos tienen y tendrán consecuencias graves para todos los salvadoreños, especialmente para los más vulnerables. Tarde o temprano será imposible compaginar el discurso que encandila y las fotos de luces rutilantes con la dura realidad cotidiana del país y la marcha hacia un futuro aún más desigual, conflictivo y excluyente.