Epidemia de abuso sexual

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Editorial UCA
22/03/2021

A partir del Día Internacional de la Mujer se han venido publicando diversas noticias e informes que dan cuenta del terrible estado de la violencia contra la mujer en el país, un problema que suele quedar en segundo plano ante la habitual violencia masculina. Los hombres son los que pueblan las cárceles, los que cometen la mayoría de asesinatos, robos y, por supuesto, violaciones. Muchas mujeres toleran los abusos porque ni la sociedad, ni el Estado las defienden adecuadamente. Sin embargo, la violencia contra ellas tiene un efecto brutal en la sociedad. Acostumbrarse y terminar aceptando que el fuerte domina al débil es la fuente principal de toda violencia. La cultura del abuso contra la persona débil o vulnerable, sea en el campo sexual, económico o social, acaba engendrando sociedades violentas con graves dificultades para alcanzar el desarrollo humano.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA publicará próximamente su informe sobre el año 2020. En el documento hay datos estremecedores sobre la cotidianidad del abuso contra la mujer. Hubo días del año en que la Fiscalía General de la República recibió más de 25 denuncias de agresiones sexuales contra mujeres. En 2015, la tasa de homicidios alcanzó la estremecedora cifra de103 muertes por cada 100 mil habitantes. En la actualidad, hay departamentos en El Salvador que superan esa proporción en el campo de los delitos sexuales. Según datos de la Fiscalía, en 2020 hubo 3,308 casos de agresiones graves contra mujeres; de ellos, un poco más de 2 mil fueron cometidos contra niñas y adolescentes de menos de 17 años. Sin embargo, solamente se judicializaron 995 casos (menos de un tercio de los delitos) y 420 llegaron a sentencia, 91 de los cuales con sentencia absolutoria y 329 con condenatoria. En otras palabras, únicamente el 10% de estos graves crímenes llegan a ser castigados.

Estos datos muestran no solo la fuerza de la cultura del abuso, sino también los fallos y debilidades del sistema judicial, incluida la Fiscalía. También son un indicador de la indiferencia ciudadana ante una realidad profundamente inhumana y grave. Quienes criticaron la manifestación de mujeres del 8 marzo por pintar paredes no suelen elevar sus voces para censurar y denunciar la realidad que las mujeres sufren. En prácticamente todos los estudios internacionales que se hacen sobre las agresiones sexuales se llega a la conclusión de que el miedo, la vergüenza o el sentimiento de culpa conducen a que una amplia mayoría de mujeres no denuncie los abusos sufridos. En México, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el 99% de los casos de agresión sexual ocurridos en 2019 no hubo denuncia o no se inició una investigación. Las cifras que en nuestro país muestran la escasa judicialización y condena de casos graves llevan a pensar que si a estos se añaden las agresiones menos graves, como las verbales, el nivel de impunidad sería muy semejante al mexicano.

El conjunto de datos que sistematizan Ormusa, Las Mélidas y el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, entre otras instituciones, dan a las autoridades la posibilidad de diseñar políticas públicas adecuadas para enfrentar la epidemia de abuso sexual existente. El Observatorio, por ejemplo, ha confeccionado mapas por municipalidades y departamentos que señalan los territorios donde el abuso se da con mayor intensidad. Aunque es al Estado al que le corresponde protagonizar y dirigir la lucha contra el abuso sexual, la sociedad civil debe dar pasos claros y radicales en defensa de la mujer. De lo contrario, El Salvador continuará sumido en el subdesarrollo moral, que imposibilita alcanzar un desarrollo verdaderamente humano.

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