Espejismos

El Salvador vive tiempos complejos. Los análisis tradicionales son poco útiles para explicar y entender lo que está sucediendo. La encuesta de evaluación del año 2022 del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) revela aparentes contradicciones; un divorcio entre lo que la gente dice y lo que hace en la práctica, una ruptura entre los datos de la realidad y la percepción ciudadana. Por ejemplo, 73% de los encuestados no está de acuerdo con que un mandatario controle todos los poderes de un país sin que nadie lo controle a él. Y 63.2% dice que en El Salvador hay un líder fuerte que concentra mucho poder de decisión. Sin embargo, la gente apoya la gestión de Bukele. La nota promedio que le otorga, 8.37, es elocuente.

Por otra parte, más del 60% de la gente opina que la situación económica es el principal problema del país, 76 de cada 100 creen que la pobreza ha aumentado o sigue igual, 77 de cada 100 piensan que el desempleo aumentó o se mantiene, 93.2% que los precios de la canasta básica han aumentado y 68% que el costo de la vida se ha incrementado mucho este año en el país. En el campo de la economía familiar, 60.6% ha visto como el recibo de la energía eléctrica subió, 41 de cada 100 han tenido que pedir prestado dinero a otra persona para terminar el mes y más del 76% de las familias gastan más de sus ingresos en alimentos que antes. Sin embargo, a pesar de la crítica situación que la misma ciudadanía expone, una tercera parte cree que la situación económica está mejor; otra proporción semejante, que está igual; y un tercio, que ha empeorado. Asimismo, en áreas en las que se constata un empeoramiento objetivo de la situación (educación,  derechos humanos y salud, por ejemplo), la población percibe que están mejor que en años anteriores.

Entre las múltiples razones que pueden ayudar a entender estos datos, sobresalen tres. En primer lugar, la percepción ciudadana sobre las acciones gubernamentales en materia de seguridad. Sin duda, el principal pilar de la popularidad del presidente es el estado de excepción. A esta medida atribuye el 90% de la gente que la inseguridad haya disminuido. Incluso los que dicen que la economía está mejor lo adjudican a esa política de seguridad. Los ministerios también se benefician de ese reconocimiento en materia de seguridad. Un dato llamativo es que, por primera vez en la historia reciente, las alcaldías son de las instituciones peor evaluadas por la población, solo arriba de los partidos políticos, pero por abajo de los empresarios. Probablemente este sea el precio que ha tenido la imposición de candidatos más caracterizados por la sumisión al Ejecutivo que por la defensa de los derechos de los habitantes de sus municipios.

Un segundo factor que explica que la percepción ciudadana no se corresponda con la realidad del país, sobre todo en temas económicos y sociales, es el permanente y masivo bombardeo propagandístico del Gobierno. Esta es la principal apuesta gubernamental: colocar en el imaginario público la fotografía de un país retocado en estudio publicitario. La tercera razón se halla en la profunda desinformación de la población. 80 de cada 100 personas desconocen que por fallos en la billetera Chivo se se perdieron aproximadamente 12 millones de dólares del erario público; 92 de cada 100 no saben que el Ejecutivo le paga 60 mil dólares mensuales a una persona para que mejore su imagen en Estados Unidos; 81% ignora que Bandesal ha reservado información sobre los millonarios fideicomisos para comprar bitcoin; el 84% no está enterado de que se han otorgado contratos públicos por cientos de miles de dólares a allegados de funcionarios sin seguir el procedimiento de ley.

Más allá de los espejismos, el país va mal, y quienes al final pagan las consecuencias son los sectores emprobrecidos y vulnerables. Por el momento, la estrategia de represión, propaganda y desinformación está rindiendo los frutos esperados, pero mal alimenta lo que se gesta pútrido.