Estado de arbitrariedad y abuso

Más allá de su problemática legalidad y de la aceptación que haya podido tener, la ampliación del régimen de excepción deja un mal sabor en tanto que abre la puerta a que se cometan graves injusticias y abusos. Diversas instituciones defensoras de derechos humanos han informado sobre abundantes casos de detención arbitraria durante este tiempo; una de ellas es el Idhuca, que publicó recientemente un informe sobre setenta casos. En el documento destaca que la mayoría de los detenidos está en el umbral de la pobreza o de la vulnerabilidad económica y social, no tiene acceso a defensa y sufre la arbitrariedad y dependencia de los jueces respecto a presiones del Ejecutivo. Además, más de la mitad son menores de 30 años. En otras palabras, los datos indican que, en esencia, se está persiguiendo a la población joven y pobre, golpeando así el desarrollo humano y equitativo de El Salvador. Maltratar a la juventud de un país es sentar las bases de fuertes conflictos sociales en el futuro.

La información que se le brinda a los detenidos es escasa. Del supuesto delito del que se les acusa se van enterando por parte; les dicen una cosa al detenerlos y otra en la audiencia inicial. Muchos son cabeza de hogar y tienen hijos pequeños. Algunos están detenidos por haber sido juzgados antes, a pesar de que en su momento se les declaró inocentes. Ciertos modos de las autoridades para llevarse a las personas tienen todos los aspectos de los delitos de detención ilegal y de privación de libertad. En un caso hubo suficientes agresiones como para calificar de tortura el trato dado al detenido. En otros, el allanamiento de morada de parte de los agentes de policía fue evidente. Los datos de los setenta casos presentados en el Idhuca coinciden con los recabados por otras instituciones defensoras de derechos humanos. La arbitrariedad, la falta de pruebas, el juicio anticipado son parte del abuso existente que afecta a centenares de personas. Si fuera cierto que, como dijo el presidente, hay un 1% de error en las detenciones realizadas durante el régimen de excepción, habría 300 privaciones de libertad injustas. Quienes se han movido en los tribunales afirman que el número de detenciones ilegales es muy superior al 1%.

Nadie duda de la inmoralidad de los delitos cometidos por miembros de las maras, como tampoco de la inmoralidad de diferentes formas de corrupción del pasado y del presente. Sin embargo, tanto los pandilleros como los corruptos deben ser juzgados con todas las garantías judiciales que dan la ley salvadoreña y los convenios y tratados ratificados por el país. Que los agentes de los cuerpos de seguridad tengan carta blanca para comportarse de espaldas a la moral, la ética y los derechos humanos solo conducirá a la consolidación de la cultura de la fuerza y del desprecio a las leyes de convivencia. La prolongación del estado de excepción por tercer mes entraña el peligro de convertir al sistema judicial en una especie de brazo no de la ley, sino de la arbitrariedad y el abuso.