La democracia y los derechos humanos son dos caras de la misma moneda. Sin respeto a los derechos humanos, no hay democracia. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en El Salvador? El informe anual “El estado de los derechos humanos en El Salvador” correspondiente al año 2021, presentado recientemente por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, da información clave para responder a la pregunta. El Observatorio ha monitoreado cinco derechos: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal, al acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas.
Ya que en el país la costumbre es medir la violencia por el número de homicidios, lo primero que llama la atención es que las muertes violentas en 2021 (1,211) se redujeron con respecto a 2020 (1,341) en un 9.7%. Sin embargo, esta aparente buena noticia se ve opacada por varias realidades. Una de ellas es el descubrimiento de fosas clandestinas. Hasta la fecha, los reportes de prensa han revelado la localización de cinco fosas con al menos 65 víctimas en total. A lo anterior se suma el alto nivel de desaparición de personas. Según datos de la PNC, en 2021 se registraron 1,830 desapariciones, 19.2% más que en el año 2020, cuando se registraron 1,535 casos.
Un tercer factor que cuestiona la disminución de homicidios es la disparidad en las cifras de las entidades oficiales. Por ejemplo, para 2021, la Policía reporta 1,140 víctimas de homicidios mientras que el Instituto de Medicina Legal, 1,211. Por otra parte, en mayo de 2021, la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios hizo un cambio en su metodología de trabajo, para contabilizar por separado las osamentas encontradas “de datación no determinada”. Para efectos prácticos, esto quiere decir que las osamentas no se cuentan entre los homicidios. Solo entre mayo y diciembre de 2021, el Instituto de Medicina Legal reportó 47 osamentas encontradas.
Estos cuatro factores permiten afirmar que los datos oficiales sobre muertes violentas no son precisos. Además, el informe del Observatorio revela que el resto de indicadores que también miden la violencia aumentaron en 2021. Así, se han incrementado la relación de particulares fallecidos respecto a agentes estatales muertos en contextos de enfrentamientos armados, el número de muertes violentas de mujeres y feminicidios, la cifra de casos de limitación ilegal a la libertad de circulación, la violencia sexual, el porcentaje de personas desaparecidas sin localizar, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer.
En esta crítica situación de los derechos humanos en el país, es especialmente preocupante que todos los indicadores relacionados con la violencia contra las mujeres aumentaran en 2021 con respecto al año anterior. 135 mujeres murieron violentamente en 2021, un 3% más que en 2020. Se perpetraron 80 feminicidios (11% más) y se registraron 3,739 delitos sexuales (15% más), de los cuales más de 3,400 tuvieron como víctimas a mujeres, particularmente niñas de entre 0 y 17 años (el 65% de los casos). Asimismo, de las 1,380 personas desaparecidas en 2021, el 18% fueron niñas menores de 17 años. Los y las jóvenes representan el 44% de las víctimas de homicidios, el 30% de las desapariciones y son más propensos a ser detenidos por la Policía (48% del total de detenciones).
No es simple coincidencia que el deterioro en el respeto a los derechos humanos se dé en un año en que la institucionalidad democrática en El Salvador sufrió un tremendo deterioro. Que en 2021 se haya cercenado la división de poderes a través de la destitución y sustitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, que se haya cooptado las instituciones de control del ejercicio del poder facilita la violación de los derechos de la población. Una muestra. El informe del Observatorio revela el aumento del índice de letalidad policial, que pasó de 1.39 en 2020 a 1.65 en 2021. Este índice es el resultado de dividir el número de personas fallecidas entre la cantidad de personas heridas en enfrentamientos. Lo usual es que haya más heridos que fallecidos. Cuando es así, el índice es inferior a 1. Si el índice es superior a 1, como en el caso de El Salvador en los últimos años, hay más asesinados que heridos, lo que evidencia un uso abusivo de la fuerza letal que irrespeta principios rectores como la proporcionalidad y la necesidad. Para los estudiosos de esta materia, un índice superior a 1 es una clara señal de ejecuciones sumarias.
Que todo el poder esté en manos de una persona o de un reducido grupo implica el quiebre del sistema nacional de protección de los derechos humanos. La falta de independencia de los principales entes de control jurídico hace dudar seriamente de su actuación conforme a derecho. La situación de los derechos humanos está comprometida en El Salvador como comprometida está la democracia. Mientras ello sea así, no se podrá esperar una mejoría, ni siquiera para ejercer el derecho a defender derechos.