Exigencia de paz

La gente quiere vivir en paz, pero esta no llega. Son muchas las dinámicas que contribuyen a ello: desde la violencia intrafamiliar, la de género y la laboral, hasta la violencia común expresada mayormente en robos y extorsiones que laceran todos los días a miles de personas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Según las encuestas de victimización, aproximadamente una cuarta parte de la población ha sufrido un hecho de violencia en el último año. A la estadística se deben añadir los homicidios, que, según cifras oficiales, a pesar de haber disminuido respecto a años anteriores por la tregua entre pandillas, todavía suman un promedio de entre 6 y 7 diarios. La situación, pues, es intolerable y no ha sido debidamente atendida por los responsables de la seguridad pública.

Si bien en el marco de la tregua se han reducido las muertes violentas, no se ha logrado un avance sustantivo en la seguridad y paz ciudadanas. La población, especialmente la que vive en los barrios más populosos y pobres, los que trabajan en las calles, los que viajan en los buses, los que tienen pequeños o medianos negocios son víctimas de hechos delincuenciales y amenazas constantes. Se sigue matando a motoristas y cobradores del transporte público por no pagar la "renta", se sigue robando a mano armada a los usuarios de buses, se sigue amenazando a los trabajadores que no quieren colaborar o integrarse a las pandillas, y se sigue violando a muchas mujeres. Las familias siguen recibiendo amenazas de secuestro y son obligadas a pagar extorsiones que en muchos casos superan su capacidad económica. Se les atemoriza con el secuestro o la muerte de los seres más queridos y más vulnerables.

Nuestra sociedad está a merced de grupos delincuenciales de diversa índole. Sin duda, las maras juegan un papel importante en esta realidad; son más visibles y las autoridades de seguridad pública les atribuyen la responsabilidad de la mayoría de los delitos, que evidentemente no responden a la voluntad de paz que dicen tener sus líderes. Sin embargo, los pandilleros no son los únicos actores de la delincuencia ni de la violencia. Hay otros grupos, amparados en el anonimato y en la impunidad, protegidos por criminales infiltrados en la Policía y el Ejército, que también están delinquiendo y causando zozobra en la sociedad. Por eso, la UCA siempre ha puesto en duda la afirmación de que los pandilleros son los responsables del 90% de los crímenes que se cometen en el país. Hasta hoy, las propias estadísticas oficiales de la PNC atribuyen a los pandilleros, con base en los procesos de investigación, una tercera parte de los homicidios y la mitad de las extorsiones.

Recientemente, los voceros de las pandillas afirmaron en un comunicado que seguirán poniendo toda su voluntad y empeño para que la tregua sea exitosa y se alcance la paz. Las pandillas reconocen que la paz "es la aspiración más preciada de toda la sociedad salvadoreña". Pero parece que estas buenas intenciones no son coherentes con lo que está sucediendo. La tregua entre las pandillas no es suficiente para construir la paz. Para alcanzarla y cimentarla, no basta con que dejen de matarse entre sí las pandillas, también deben dejar de atemorizar, extorsionar y asesinar a quienes se les oponen. Para construir la paz, deben dejar de amenazar y de reclutar miembros para sus grupos. En pocas palabras, si quieren contribuir a la paz, deben dejar de delinquir. Esta es la exigencia de la sociedad.

Y es por ello que el comunicado de la Conferencia Episcopal de El Salvador, posicionándose sobre las pandillas, aboga, en primer lugar, por la necesidad de un ambiente de seguridad y paz social. Un ambiente muy distinto al que ahora vivimos. Los obispos recuerdan que para una sana convivencia es necesario el respeto a la vida y a los bienes ajenos, y que las autoridades tienen la obligación ineludible de proteger y garantizar la vida, la integridad física y moral, la libertad, la seguridad, el trabajo, la propiedad y la posesión de toda persona. Es en base a esta exigencia que afirma que la tregua no ha dado los resultados esperados. Y con ello también recogen el sentir de la mayoría de la población, cansada de tanta violencia, inseguridad, zozobra y sufrimiento.

Lo único que podría añadirse al comunicado es que de la violencia no solo son responsables las pandillas. Lo son también el crimen organizado y, en alguna medida, los que no quieren una sociedad inclusiva y que defienden los intereses del capital por encima de los de la gente. Los que no invierten ni generan empleos, los que pagan salarios de hambre y no están dispuestos a elevarlos. Los delincuentes de cuello blanco que malversan los bienes públicos, trafican droga, lavan dinero y evaden el pago de impuestos con total impunidad. Si el deseo mayoritario en El Salvador es que de una vez por todas se pueda vivir en paz, con seguridad, con empleo decente, reconociendo la igual dignidad de todos, es también deber de los ciudadanos, sin excepción alguna, exigir que se haga realidad. Exigirlo con fuerza a las autoridades y a todos los actores políticos; exigir la construcción de la paz basada en la justicia a los que han asumido la responsabilidad de gobernar al país y también, ahora que viene una elección presidencial, a los que pretenden gobernarlo en los próximos años.