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Hace un año, cuando el 1 de junio Nayib Bukele tomó posesión como presidente de la República, muchos salvadoreños estaban ilusionados con el nuevo Gobierno y tenían expectativas de grandes y buenos cambios para el país. Un año después, quien siga con atención y realismo el quehacer gubernamental solo puede estar profundamente decepcionado: casi todas esas expectativas se han visto frustradas.
En este primer año, el principal logro del Gobierno ha sido la drástica disminución de los homicidios, aunque ello no responde al desarrollo del Plan Control Territorial, pues, como se pudo comprobar a finales de abril, las pandillas mantienen intacto su poder en los territorios y la capacidad de matar en el momento en que lo deseen. El elevado número de homicidios del fin de semana del 25 y 26 de abril es la muestra más evidente de que el problema de la criminalidad no está resuelto.
Los diversos planes que el presidente ha anunciado a lo largo de este año, como el Plan Nacional de Salud y el Plan de Reactivación Económica, no han pasado de ser meros anuncios, no se han concretado en la realidad. Ambos planes son fundamentales y actualmente, con el covid-19, son todavía más urgentes, pero al ser papeles en el aire no sirven para enfrentar la pandemia y sus consecuencias. Peor aún, Bukele desechó los planes de protección de los Gobiernos anteriores, dejando a la población pobre en mayor vulnerabilidad.
Por otra parte, el presidente ha pasado más tiempo criticando y atacando a los partidos de oposición y a los otros poderes del Estado, con especial énfasis en la Asamblea Legislativa, que gobernando e impulsando obras y cambios. Con ello ha cometido importantes atropellos al Estado de derecho que rige nuestro país según la Constitución. El asalto a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero fue el acto más claro de violación al orden constitucional y la señal de hasta dónde es capaz de llegar Bukele en sus ansias de tener el poder total.
En los últimos meses, esa dinámica ha empeorado. La lucha contra la pandemia del covid-19 se está librando sin un plan definido, improvisando, cometiendo graves errores que han generado más contagio, como el mal manejo de los Centros de Contención y las aglomeraciones para recibir la ayuda estatal. Hasta la fecha, el presidente se justifica en que nadie estaba preparado para hacer frente a la enfermedad, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, y luego procede a echar culpas a la oposición, que, según él, le niega los recursos y las herramientas legales para enfrentar debidamente la pandemia. Pero lo cierto es que el Gobierno ha mostrado ser incapaz de enfrentar la crisis del covid-19 con la cientificidad y profesionalidad requerida.
La agresividad del presidente no hace más que aumentar. Primero se volcó contra el FMLN por su nepotismo, luego contra las pandillas y más recientemente contra el pueblo mismo, al que acusa de no cumplir la cuarentena por desobediente y ambicioso. Ataca con virulencia a los empresarios porque piden que se reabra gradualmente la economía; a los diputados porque no legislan como él quiere y porque la Asamblea está ejerciendo su función contralora del Gobierno; a todos los opositores o críticos de su gestión, a los que acusa de querer la muerte de la población. Estas actitudes han dejado en evidencia la inmadurez e incapacidad de Nayib Bukele para gobernar un país en una situación tan crítica como esta. Ha proyectado a nivel internacional la imagen de un presidente con actitudes dictatoriales y de un país dividido, lo que ha puesto a El Salvador en una muy mala posición, incluso para conseguir los recursos que en este momento se necesitan para enfrentar la epidemia y el primer desastre natural de la temporada.
A todo lo anterior se suma un gasto desmesurado y sobre el que el presidente no quiere ningún control. La construcción del hospital en Cifco, el reparto de la ayuda económica a las familias apenas iniciada la crisis, la compra de medicinas sin que se hubiera demostrado su bondad para tratar el covid-19 y el pago del alquiler de los Centros de Contención y de la alimentación para los miles de retenidos en los mismos, gastos que suman cantidades millonarias adjudicadas sin la transparencia debida, hablan muy mal de quien prometió luchar contra la corrupción.
Ciertamente, una gran parte de la población sigue creyendo en Nayib Bukele y evalúa bien su gestión durante el primer año. Sin embargo, desde un análisis objetivo y realista, viendo el conjunto de hechos y actitudes que han marcado su trayectoria en la Presidencia de la República, no hay nada que justifique esa buena evaluación popular. Lejos de cambiar, la dura realidad del país, esa que golpea y excluye a tantos de nuestros compatriotas, ha empeorado en algunas dimensiones clave. La novedad es un presidente en extremo populista y agresivo, que juega a calentar emocionalmente al país y polarizarlo aún más en beneficio propio. Sabemos que esta lectura no es compartida por un buen sector de la población, pero el compromiso con la verdad y la justicia obliga a pronunciarse con objetividad.
