Fiscalía en el olvido

El tiempo pasa y la tarea de nombrar al Fiscal General de la República parece casi olvidada. Al paso que vamos, y si hay suerte, al nuevo funcionario le quedarán escasamente dos años y medio de mandato para enfrentar los retos de la violencia y el delito, que no son pocos en El Salvador. Perderá, además, parte de ese tiempo cabildeando para que lo vuelvan a elegir, pues en dos años difícilmente hará algo que valga la pena y facilite su reelección. Los diputados, y en general los funcionarios públicos, llenos de guardaespaldas y viviendo en colonias protegidas, parecen no tener prisa. En realidad, el crimen no les afecta. Tal como están procediendo, da la impresión de que la protección y seguridad del pueblo salvadoreño no les interesa.

Las alternativas al estancamiento en la designación del Fiscal han sido de todo menos brillantes. La propuesta de abrir listas propone a un oscuro magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Castaneda, a quien por su fidelidad a intereses políticos mientras ejercía como juez en la Sala de lo Constitucional lo han premiado pasándolo al Tribunal de Ética Gubernamental. No basta con que el sistema político haya sido incapaz de evaluar a la Fiscalía antes de elegir a su titular, sino que incluso se muestra incapaz de elegir a tiempo al funcionario. El criterio no es técnico ni jurídico. Es de intereses políticos partidarios que hay que definir simple y llanamente como corruptos. ¿Es que no hay buenos penalistas en El Salvador? ¿Escasean los abogados que puedan dirigir la Fiscalía? Ese no es el problema, sino que los partidos están acostumbrados a mantener cuotas de poder en las diversas instancias del Estado. Y cuando ese interés político traiciona los intereses de la ciudadanía, no puede calificarse sino como corrupto.

Ante esta situación de parálisis corrupta, conviene reflexionar. El primer cuestionamiento es si deben ser los diputados quienes gestionen todo el proceso de selección de los servidores públicos. Y en segundo lugar es necesario preguntarse si no hay que ampliar la Constitución y normar algún tipo de multa a los parlamentarios cuando estos se muestren incapaces de cumplir con sus obligaciones. Cuando en una empresa privada un empleado no cumple con su función, o lo despiden o bien pueden reducirle el salario si este tiene relación con un determinado producto que se espera como resultado de su trabajo. ¿Tenemos los salvadoreños que soportar a diputados incapaces de cumplir con su responsabilidad y encima premiarlos con salarios muy por encima del promedio nacional? Ya de por sí el sueldo de los diputados tiene muy poca relación con la ética al superar en más de veinte veces el salario mínimo del campo. Creer que el campesino que nos da de comer, y que da de comer al funcionario público, debe ganar veinte veces menos que quien vive de los impuestos de la ciudadanía no solo es una vergüenza, sino una manifestación de la escasa estatura moral de los funcionarios relacionados con la fijación del salario mínimo.

El atraso en la elección de Fiscal es un problema que nos atañe a todos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debe pronunciarse al respecto. El Tribunal de Ética Gubernamental, aunque sea con el voto en contra de Néstor Castaneda, debe denunciar la falta de ética que hay en esta corrupta lentitud de los diputados. Todos los ciudadanos debemos elevar nuestra voz. Decir claramente que el procedimiento de selección del funcionario debe simultáneamente evaluar el funcionamiento de la Fiscalía General de la República y, obviamente, la calidad de la persona. Que debe consultarse con seriedad a las universidades y centros de pensamiento sobre la idoneidad técnica y jurídica de las personas consideradas. Que debe suprimirse todo interés partidario en cuotas de poder y seleccionar a profesionales del derecho caracterizados por su independencia política y su libertad personal. De lo contrario, las acusaciones de corrupción deben continuar contra la Asamblea Legislativa en su conjunto. Porque, lo repetimos, cobrar el oneroso salario sin siquiera cumplir las obligaciones que el puesto público impone es siempre y en todas partes un acto de corrupción.