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Como tendría que haber sido desde hace mucho tiempo, el agua es hoy un tema central en la agenda nacional. Pero no porque por fin haya quedado establecido en la Constitución que es un derecho de todo ser humano, sino por las acciones de quienes la entienden como una mercancía, y la reacción de la ciudadanía frente a ello. Cuando los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático tomaron como base la propuesta de ley de la empresa privada y negaron audiencia al arzobispo de San Salvador y a la UCA, advertimos que estaban subestimando la reacción de la población. Ahora que organizaciones sociales, comunidades, estudiantes, fundaciones, asociaciones de profesionales, ciudadanos de toda condición han demostrado que esta lucha no es ideológica ni partidaria, sino en defensa de la vida, los políticos han comenzado a medir los costos electorales de mantener una posición tan irracional y contraria al bien común.
El primero en reaccionar ha sido el que más directamente se verá afectado por la posición de los diputados de derecha: Carlos Calleja, candidato presidencial de Arena. Calleja contrarió a los legisladores de su partido reconociendo que solo el Estado puede tener el poder de decisión sobre el agua. Y el 4 de julio solicitó una reforma para que en la Constitución se reconozca el derecho humano al agua, una propuesta que el movimiento social, organizaciones ambientalistas y la Iglesia católica han promovido desde 2012, y que los partidos de derecha, con Arena a la cabeza, siempre rechazaron. ¿Qué llevó al cambio de postura? Indudablemente, la presión ciudadana en un contexto preelectoral. La inmediata reacción del FMLN presentando el 5 de julio otra propuesta de reforma constitucional con el mismo propósito no hace sino confirmar que a los dos partidos más grandes, con vistas a la elección presidencial del próximo año, no les ha quedado de otra que ceder, o al menos aparentarlo.
Aunque lo hayan tenido que hacer obligados por interés electoral, las propuestas de reconocimiento del derecho de todo salvadoreño al agua son, en sí mismas, algo positivo y representan un avance sustancial. Además, un equipo técnico de la Iglesia católica y la UCA ha estado construyendo desde hace meses otra propuesta de reforma constitucional que recoge la jurisprudencia de la sentencia de la Sala de lo Constitucional en la materia, poniendo el derecho al agua entre los que tienen que ver con la vida. De las dos propuestas presentadas hasta hoy y de la que trabaja la Iglesia y esta casa de estudios, lo que hay que rescatar es el reconocimiento de que el agua es un derecho y que, por tanto, debe ser tutelada por el Estado.
Para no caer en el juego de la polarización improductiva y perjudicial es necesario que la sensatez se haga presente. Las tres posiciones ofrecen la oportunidad de realizar un debate serio sobre el tema de manera que se logre un acuerdo que beneficie a todos los salvadoreños. Para que las propuestas de reforma constitucional planteadas trasciendan la dinámica electoral, es necesario exigir al menos dos cosas. Primero, que los partidos se comprometan pública y categóricamente a ratificar la reforma constitucional en la siguiente legislatura. Y segundo, que la actual coyuntura no sirva para dilatar la discusión y aprobación de una Ley General del Agua coherente con un enfoque del vital líquido como derecho humano sin fines de lucro.
