A poco de que finalice el período de funciones del presidente Mauricio Funes, el Iudop hizo su acostumbrado sondeo para conocer, entre otros aspectos, la opinión de la población acerca de los cinco años de gestión del Gobierno saliente. Y el resultado es favorable, en abierto contraste con la evaluación que hacen los analistas de oficio, particularmente los que se identifican con la derecha o defienden los intereses de los principales grupos económicos del país. Para la mayoría de la población, seis de cada 10 salvadoreños, el presidente Funes ha gobernado bien, frente a un 23% que piensa lo contrario. Asimismo, un 61.9% opina que su gestión representó un cambio positivo para el país, contra el 26.5% que valora que trajo un cambio negativo. Así, el Gobierno de Funes fue evaluado con una nota de 6.59, superior a las obtenidas por los tres últimos Gobiernos de Arena al finalizar su mandato.
Esta buena evaluación se debe principalmente a los avances del Gobierno en materia social. La población considera que el principal logro ha sido el paquete de programas sociales, que han beneficiado especialmente a la población más pobre de El Salvador. Como ya ha sido habitual en este tipo de sondeos, la población valora por sobre todo las mejoras en la educación, con el paquete de uniformes y útiles escolares. Dos terceras partes de los encuestados consideran que este programa ha tenido mucho impacto en la mejora del acceso a la educación. Por esto, siete de cada 10 salvadoreños opina que la educación pública ha mejorado su calidad en este quinquenio, y de nuevo ubican al Ministerio de Educación como la cartera de Estado mejor evaluada. No hay duda de que los programas sociales han sido bien recibidos por la población y constituyen el mayor capital del Gobierno Funes.
Y es importante reflexionar sobre ello. El amplio apoyo a estos programas no se entendería sin los altos niveles de pobreza y exclusión que hay en El Salvador. La mayoría de gente ve bien que el Gobierno administre mecanismos para ayudar a los pobres y se creen políticas públicas que favorezcan a la población más vulnerable. Estos programas no habían alcanzado antes la masividad lograda en esta administración, y eso lo agradecen y valoran tanto los beneficiarios directos como los que tienen un espíritu solidario y desean una sociedad justa e incluyente. Según las estadísticas, más del 40% de salvadoreños están socialmente excluidos; para ellos, los programas son una tabla de salvación. Es necesario aprender la lección y tomar conciencia de que invertir en los pobres es necesario y urgente, y que toda acción en ese sentido gozará del apoyo de la mayoría. En la medida en que las actuales ayudas se conviertan en verdaderos programas de inclusión social y económica, habrá mayor impacto y estaremos un poco más cerca del objetivo de superar la pobreza y la exclusión.
En el otro lado de la moneda está la situación de la delincuencia y la inseguridad, considerada el principal fracaso del Gobierno del presidente Funes. Según el sondeo, el 80% de la población la percibe como el principal problema del país y una gran mayoría piensa que aumentó durante los últimos cinco años. Los aspectos relacionados con la pérdida de seguridad son considerados mayoritariamente como los principales fracasos de la gestión de Mauricio Funes, y de esto se deriva la principal demanda al nuevo Gobierno: combatir la delincuencia y la corrupción; ocho de cada 10 salvadoreños piden que se cambie la estrategia de seguridad. Tampoco la negociación con las pandillas goza de la aprobación ciudadana; se considera que la tregua ha sido un fracaso y que no ha tenido impacto en la reducción de la violencia. Sin lugar a dudas, la difícil situación delincuencial, que se ha agudizado en los últimos meses, debe ser la máxima prioridad para el Gobierno entrante.
Mientras que los programas sociales son considerados lo más positivo del Gobierno de Funes, y la lucha contra la delincuencia recibe la evaluación más negativa, sobre la economía hay una posición neutral. Por una parte, la valoración del desempeño gubernamental en la materia no es de aprobación ni de rechazo. Por otro, son casi equivalentes en número los que creen que la economía ha mejorado y los que opinan que ha empeorado. Parecido ocurre con los que dicen que la pobreza aumentó y los que afirman lo contrario. A pesar de eso, la población también demanda al nuevo Gobierno un cambio en la política económica, en función de la mejora de la economía nacional, la creación de empleos y el control de los precios de la canasta básica.
En resumen, Mauricio Funes concluye su administración aprobando el examen final, en el que la mejor nota la obtiene por los logros del área social, con una evaluación neutra en lo económico y reprobando en la seguridad pública. Y así quedan marcados los puntos de la agenda que le deja al nuevo Gobierno: continuar profundizando la inversión social, mejorar la economía, trabajando por la creación de empleos y control del costo de la vida, pero poniendo el máximo esfuerzo en disminuir la delincuencia y garantizar la seguridad pública.