Futuro para todos

Se supone que todos queremos un país feliz, sin violencia, con desarrollo, que ha superado aquello que humilla o que irrespeta la dignidad humana. Sin embargo, los pasos que damos hacia ese futuro son demasiado lentos o incluso contraproducentes. Lo hemos visto en la discusión sobre el agua. Todos decimos que es un bien público, un derecho humano, pero al final nos encontramos profundamente divididos en aspectos que no deberían separarnos si es cierto que tenemos una misma visión de futuro. En Centroamérica hemos forjado sueños de los que supuestamente se desprendería una felicidad común, pero también nos hemos enfrentado, hemos burlado las esperanzas que generaban propuestas inteligentes o humanistas, hemos derramado sangre fraterna bajo promesas que nunca se materializaron a plenitud.

Desde el inicio de la independencia centroamericana se elevaron voces que señalaban las terribles contradicciones de un lenguaje que a la vez que ensalzaba la libertad mantenía en la esclavitud a muchos. El sacerdote Francisco Carrascal presentó muy pronto ante la Asamblea Constituyente de Centroamérica una solicitud para amparar y liberar de impuestos a los indios pobres. Y sus palabras no han perdido actualidad: “¿Podemos decir que ya es libre la nación? Si lo afirmáramos delante de los pobres, nos responderían: ‘Ustedes los pudientes son ya libres. Pero nosotros los pobres no hemos sentido diferencia entre la libertad actual y la esclavitud pasada’”. Las palabras del sacerdote, y la de tantos otros que continuaron defendiendo a los pobre después de él, fueron desoídas. El Salvador sigue experimentando no solo las contradicciones en el lenguaje de los sectores dirigentes, sino los efectos de la permanente falta de rechazo a la pobreza y la marginación.

Urge, en ese sentido, volver al país que queremos y poner medios realistas para conseguirlo. Si deseamos agua potable y saneamiento para todos, es necesario confiarle la tarea al Estado y exigírsela, no conformarnos con la deplorable situación existente, luchar contra los intentos de convertir el agua en un negocio en favor de unos pocos. Si pensamos en la justicia social, tan claramente mencionada en nuestra Constitución, debemos repensar con mucha mayor valentía y audacia los sistemas nacionales de educación y salud, o la tutela adecuada de los derechos laborales y salariales. No podemos decir que tenemos solamente un 7% de desempleo cuando el subempleo está cerca del 50%. O que el sistema de salud cubre a todos los salvadoreños cuando las dos palabras más repetidas en los hospitales son “no hay”.

La contradicción permanente entre discurso y realidad es la que ha llevado a desconfiar de la política, a que los partidos y la Asamblea Legislativa estén siempre en los últimos puestos de la estima y confianza ciudadana. Llegar a acuerdos básicos de desarrollo económico y social puede ser una labor difícil. Y ciertamente es una tarea que no se consigue con palabrería, pero El Salvador necesita un diálogo en el que se prioricen las necesidades de una población demasiado golpeada por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Un pueblo empujado de tal manera fuera del país que ya una cuarta parte de los salvadoreños vive fuera de las fronteras, y muchos otros desean sumárseles.

Querer que el diálogo se convierta en un monólogo de los poderosos no tiene sentido. Como tampoco darle mayor peso a la empresa privada en la administración del agua. Solamente si volvemos a mirar con realismo a nuestro El Salvador concreto, solamente si enfrentamos las causas estructurales de sus problemas, podremos salir adelante. Carrascal terminaba su alegato ante la Asamblea Constituyente con estas palabras: “Como hombre sensible, como ciudadano, como americano y como párroco, testigo constante de las miserias, sudores y defraudaciones violentas de los infelices, suplico rendidamente que se atienda esta mi exposición”. Monseñor Romero en su momento y la Iglesia en la actualidad exigen que los pobres sean prioridad. La aporofobia, la fobia a los pobres que manifiestan las élites, debe ser sustituida por acuerdos concretos que conduzcan a erradicar definitivamente la pobreza y a establecer con hechos la igual dignidad de todos y todas.