Grietas en la PNC

Recién acaban de ser encontrados y debidamente identificados los restos de la agente Carla Ayala, más de 250 días después de que presuntamente fue asesinada por un miembro del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP). Un asesinato que se cometió en un carro patrulla del GRP y que fue encubierto por varios de los compañeros y jefes del victimario. Antes de su disolución, el Grupo de Reacción Policial ya arrastraba un largo historial de violaciones a derechos humanos y era conocido por el uso letal de la fuerza. Tal corrupción y descomposición obligaron a la PNC a disolverlo luego de que estallara el escándalo del caso Ayala.

El caso se ha convertido en emblemático. Se trata de un asesinato —con rasgos de feminicidio— de una policía a manos de otro agente en un escenario bajo completo control policial; un homicidio cometido gracias a graves irregularidades procedimentales y disciplinarias sin que la jefatura correspondiente reaccionara de acuerdo a lo establecido. Es esta probablemente una de las pruebas más grandes a las que se ha enfrentado la PNC desde su fundación. Y la crisis de credibilidad e institucionalidad que se ha abierto solo se resolverá dando respuesta a todas las preguntas, esclareciendo los hechos a cabalidad y sometiendo a proceso a todos los responsables de la muerte y desaparición del cuerpo de Carla Ayala.

La continua cobertura que los medios de comunicación han dado al caso, los reclamos ciudadanos de justicia y la amplia solidaridad con la familia de Ayala sin duda se deben a la cada vez más profunda y extendida preocupación por la integridad de la PNC. La sociedad salvadoreña anhelaba que la Policía surgida de los Acuerdos de Paz fuera plenamente confiable y respetuosa de los derechos humanos. Después de los años de terror de los cuerpos de seguridad que operaron antes del fin de la guerra, se deseaba una Policía amiga, protectora, eficaz en la lucha contra el crimen, capaz de proporcionar paz y tranquilidad a la ciudadanía. Pero las cosas se fueron torciendo ante el desinterés y autoritarismo de los sucesivos Gobiernos.

El maltrato, la prepotencia, el abuso de poder son mucho más frecuentes de lo que cabe esperar de una Policía surgida para construir un futuro de paz. Carla Ayala y sus otras compañeras asesinadas por agentes, así como las otras muchas personas que han sufrido violaciones a sus derechos por parte de miembros de la PNC constituyen un llamado a la sociedad a que no permita que continúe la descomposición policial, a exigir con fuerza y constancia un mayor control sobre los agentes y oficiales de la corporación, y el respeto total a los derechos humanos. Solo con una Policía Nacional Civil íntegra, confiable, respetuosa del derecho, capaz y cercana a la población, El Salvador podrá combatir la violencia y la criminalidad, y acercarse al anhelo de vivir en paz.