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El 27 de junio, Nayib Bukele anunció, a través de una red social, el despido de 300 empleados del Ministerio de Cultura argumentando que promovían agendas no compatibles con la visión gubernamental. Siguiendo el libreto, sus funcionarios aplaudieron la medida y la justificaron especificando en qué consistía la aludida incompatibilidad. Una funcionaria en el servicio exterior dijo que “los funcionarios del Gobierno [...] tenemos bien claro el mandato de proteger la vida, la fe y la familia”. Una diputada argumentó que “El Salvador es provida, profamilia tradicional, y la Agenda 2030 no tiene cabida”; una agenda que, vale la pena recordar, es global e intenta hacer más humanas, equitativas e incluyentes a las sociedades del mundo.
Según el discurso oficial, los despidos buscarían rescatar al Ministerio de Cultura de las manos de activistas proderechos de la diversidad sexual. Algunos hechos previos anticiparon esta medida. El 15 de junio se presentó en la gran sala del Teatro Nacional la obra Inmoral, del grupo Inari, un colectivo de artistas que fusiona la imaginería drag con las artes dramáticas. La obra se exhibió solo una vez; el 16 de junio el Ministerio de Cultura suspendió las presentaciones por mostrar “contenido no apto para la familia salvadoreña”. Tres días después, el 19 de junio, fue nombrado como nuevo titular de la cartera Raúl Neftalí Castillo Rosales, diputado de la bancada de Nuevas Ideas. En sus primeras declaraciones, Castillo dijo que “este ministerio es de suma importancia para fortalecer nuestros valores como sociedad y su base: la familia salvadoreña”. Posteriormente, y según denunciaron en redes sociales miembros de la comunidad LGBTI+, el 22 de junio se echó a 30 trabajadores más, incluida la directora de Teatros Nacionales. El 26 de junio la Asamblea Legislativa aprobó, con dispensa de trámite, una ley especial para compensar económicamente a los empleados de Cultura cuyas plazas sean suprimidas como parte de la reestructuración de esa dependencia. Al día siguiente, tuvo lugar el anuncio de Bukele.
Esta línea de acción contrasta con la cercanía y el apoyo que el mandatario tuvo de sectores de la comunidad LGBTI+ cuando era candidato. También confirma que el Plan Cuscatlán es papel mojado. En el apartado del documento correspondiente a los derechos humanos, se lee lo siguiente: “El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación, como población LGBTI+, pueblos originarios, personas con discapacidades físicas, niñez, mujeres y la población rural”.
En realidad, el tema LGBTI fue instrumentalizado para justificar los despidos. En primer lugar, porque es mentira que todos los afectados difieren de los valores que dice defender el Gobierno. En segundo lugar, porque detrás de esta acción está la precariedad de las finanzas del Estado, un asunto del que Bukele evita hablar. Y en tercer lugar, porque estos despidos masivos, al igual que la intervención del Palacio Nacional y la reforma a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, son expresiones del profundo desprecio del régimen a la cultura, la historia y la identidad nacionales; un bagaje que estorba para la imposición del culto a una persona.
