Hacia atrás

Es simple: sin transparencia no hay democracia. Aunque el derecho de acceso a la información pública sea más o menos reciente, su concepción siempre estuvo unida a la idea de democracia. Algunos teóricos ubican el origen de la transparencia en el siglo XVI, cuanto en Suecia se estableció que, como un derecho constitucional, los datos gubernamentales fueran hecho públicos. El término “gobierno abierto”, relacionado con la transparencia, se comenzó a usar en los años cincuenta del siglo pasado en Estados Unidos. En El Salvador, el derecho de acceso a la información llegó mucho después.

En 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue catalogada como una de las mejores a nivel internacional. Casi dos años después se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. En pocos años, este derecho se fue haciendo parte de la cultura de la gestión oficial, pese a que la mayoría de la población no lo hiciera suyo de manera significativa. Muy pronto, la labor del Instituto se volvió molesta para los Gobiernos del FMLN, porque aquel procuraba hacer cumplir la ley cuando se declaraba, sin fundamentos, la reserva de alguna información.

La democracia se distingue de los absolutismos, entre otras cosas, por el respeto a las libertades humanas y por perseguir el bien común. La democracia es incompatible con el secretismo de Estado porque el ocultamiento de la información buscan esconder que los funcionarios trabajan en beneficio de intereses particulares, no del general. Por ello, la transparencia se ha vuelto un presupuesto del Estado de derecho, en tanto que hace posible el control y la rendición de cuentas de todos los ámbitos de la gestión pública. A ningún régimen autoritario le conviene que la gente sepa cómo se manejan los asuntos públicos, porque la información es fuente de poder.

Una ciudadanía informada se empodera para pedir que se le rindan cuentas. Por el contrario, una ciudadanía pasiva, que solo observa lo que hacen los gobernantes, facilita los actos de corrupción y la violación de sus mismos derechos. En este punto radica la defensa que hacen muchos políticos de la democracia representativa y el rechazo a la democracia participativa. La democracia representativa se basa en la creencia de que la población da una especie de cheque en blanco a los funcionarios que elige. Sin embargo, si bien la democracia se basa en la elección de representantes, estos no tienen un poder absoluto y deben rendirle cuentas a la ciudanía que los eligió. La gente tiene el derecho y el deber de participar en la dinámica nacional exigiendo cuentas claras tanto del uso del dinero público como de las decisiones políticas que se toman.

Los autoritarismos contemporáneos ocupan la democracia para llegar al poder. Una vez en él, apelan a la voluntad popular para hacer lo que quieren sin rendirle cuentas a nadie y destruir la misma democracia que les permitió ser elegidos. Es claro que El Salvador vive un grave retroceso en materia de transparencia y, por tanto, de democracia. Si algo caracteriza al ejercicio del poder en la administración actual es la opacidad en el manejo de los recursos públicos y en el proceso de toma de decisiones, la eliminación de los organismos de control del ejercicio del poder y un discurso que condena los vicios más rancios de la vieja política mientras en en la práctica se les repite e incluso supera.

Una de las primeras víctimas del Gobierno de Bukele fue el Instituto de Acceso a la Información Pública. El presidente, a través del nombramiento de subalternos suyos, convirtió en un florero decorativo a la que fue una de las instancias protagónicas en el avance de la democracia. Después se trastocó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública a fin de, entre otras cosas, dar más poder al titular del Instituto y así obstaculizar el acceso a la información. La última estocada es desnaturalizar la misma ley, volviendo reservada la información que de oficio debe ser pública. Cuando ese paso se dé, no quedará nada de la ley que fue motivo de orgullo hace más de una década.