Hora de exigir

Un nuevo Gobierno casi siempre alienta las esperanzas de que la situación mejore. En nuestro caso, el país enfrenta retos monumentales: la agobiante situación de criminalidad y violencia, la generación de empleos y el aumento de la cobertura y la mejora de la calidad de la educación y la salud. Y sobre estos se espera que los nuevos gobernantes centren sus esfuerzos. Para hacerlo, se necesitan recursos económicos, y para nadie es un secreto la crisis de las finanzas públicas. El Gobierno de Sánchez Cerén ha retomado la iniciativa de implementar tres medidas tributarias que, dicen las autoridades, no afectarían a los más pobres. Como era de esperarse, los primeros en reaccionar en contra fueron los grandes empresarios, apoyados por la cobertura de primera línea de los medios de comunicación y los partidos políticos que defienden sus intereses. El argumento fundamental de la gran empresa privada es que el déficit fiscal no es un problema solo de ingresos, sino también de gastos. Es decir, la solución para que el dinero que colecta el Gobierno alcance no es aumentar impuestos, sino reducir los gastos. Esa medida, dice el Presidente de la ANEP, será suficiente para resolver los problemas fiscales.

Que el Gobierno tiene que revisar y recortar los gastos donde sea necesario es impostergable y está fuera de discusión. La población no ve con buenos ojos los gastos superfluos e innecesarios de los funcionarios. Sánchez Cerén anunció en su discurso de toma de posesión que una nota que caracterizará a su Gobierno será la austeridad. Esto debe traducirse en medidas concretas, visibles y que de verdad signifiquen un ahorro para el Estado. Por ejemplo, ante la crisis financiera, el Gobierno español decidió en 2010 reducir de forma progresiva los salarios de los funcionarios: desde el 5% a los que ganaban menos hasta un 15% a los de mayor salario, sin excluir a nadie. Además, se decidió que los vehículos que usan los funcionarios de alto rango fuesen modestos, como los de cualquier ciudadano español. Que a los diputados salvadoreños, especialmente a los directivos y jefes de fracción, se les asignen camionetas todoterreno tres veces más caras que el vehículo de un funcionario español es, además de un despilfarro, una ofensa para las familias salvadoreñas que sobreviven con dificultad el día a día. ¿Por qué los diputados y los altos funcionarios de un país tan pobre como el nuestro tienen que comprar, con el dinero del pueblo, vehículos de lujo? Definitivamente, el nuevo Gobierno debe demostrar con firmeza una política de austeridad para ganar credibilidad.

Sin embargo, algo está claro: el problema fiscal no se resolverá solo con reducir el gasto gubernamental. El Salvador necesita muchos más recursos para sacar adelante a toda su población; es irresponsable seguir postergando la implementación de una política fiscal progresiva. Es cierto que hay que reducir los gastos, pero es falso que el país no necesite más impuestos. La carga tributaria en El Salvador es muy baja, por más que los empresarios pongan el grito en el cielo. De acuerdo a la Cepal, el promedio de la carga tributaria en América Latina es de un 20.7%. Con el Gobierno de Mauricio Funes, dicho porcentaje alcanzó el 16%, siendo el segundo más bajo de Centroamérica, solo después de Guatemala. Costa Rica, que a pesar de sus múltiples problemas presenta indicadores de desarrollo humano más altos que los nuestros, tiene una carga tributaria del 21%, que todavía es considerada baja para aspirar a un mayor desarrollo. Argentina tiene 37%; Brasil, 36%; y Uruguay, 26%, para citar tres ejemplos de países latinoamericanos que buscan resolver sus problemas.

En definitiva, el Gobierno, El Salvador y su gente necesitan recursos para hacerle frente a las enormes tareas que hay por delante. Para ello, es necesario, pero insuficiente, revisar el gasto público. Es esencial implementar una reforma fiscal que conduzca a que los que más tienen paguen más. Como ya se ha dicho, el gran capital siempre ha estado presto a aprovecharse del Estado para enriquecerse, pero nunca para procurar el bienestar de la población. Las palabras de ciertos diputados de Arena sosteniendo que "al final, todos los impuestos los terminan pagando los pobres" son correctas, pero no porque ese sea el fin de las medidas tributarias, sino porque la gran empresa privada nunca reduce sus márgenes de ganancia y traslada automáticamente cualquier carga impositiva a la población. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales afirma que en Centroamérica los impuestos directos (es decir, los que deben pagar proporcionalmente los que más tienen) solo equivalen al 4% del PIB, uno de los más bajos del mundo. En El Salvador, son los que menos tienen los que pagan más impuestos y los que más tienen siempre se rasgan las vestiduras cuando atisban la mera posibilidad de que sus ganancias disminuyan. Es hora de exigir transparencia, honestidad, eficiencia y austeridad al nuevo Gobierno. Y de exigir también responsabilidad a los que se han enriquecido con el uso patrimonial del Estado y a los que defienden sus intereses. Es el momento, pues, de que cambien su mezquina avaricia por un hondo y auténtico compromiso con El Salvador y su gente.