Huele mal

El rumbo que ha tomado el caso Saca ha sorprendido. Después de haber afirmado invariablemente en cada declaración pública que eran inocentes, él y tres de sus más cercanos colaboradores admitieron la semana pasada haber cometido los delitos que se les imputan. Luego lo hicieron también dos empleados de Casa Presidencial. Sus abogados anunciaron que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía General de la República. En lugar de afrontar hasta 27 años de cárcel en un juicio ordinario, Saca lograría reducir considerablemente la pena de prisión. “Se ha aceptado el cometimiento de delitos; por tanto, se hará un proceso abreviado, y en el marco de ese proceso hemos propuesto al tribunal una pena de prisión de 10 años para el expresidente”, aseguró a la prensa el fiscal Jorge Cortez. Según dijo, Saca se comprometió a devolver bienes, adquiridos con fondos públicos, valorados entre 25 y 30 millones de dólares.

La marcada insistencia de los abogados defensores en que es un arreglo permitido por ley refleja que, aunque legal, el acuerdo no abona a la justicia. Por su lado, el Fiscal General insiste en hablar más de la corrupción del expresidente Funes, buscando salir al paso de la lluvia de críticas por un manejo del caso Saca que, hasta hoy, tiene más elementos de conexión con la impunidad histórica que con la trascendencia de juzgar a un jefe de Estado. Funes ya tendrá su oportunidad; ahora es tiempo de dilucidar qué sucederá con quienes han llegado al arreglo con la Fiscalía. Por el momento, el caso deja más preguntas que respuestas.

Si, como se había dicho, la Fiscalía tiene pruebas para fundamentar la sustracción de más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado, ¿por qué aceptó la devolución de solo una décima parte de lo desviado? ¿En verdad cuenta con esas pruebas? Si la figura del juicio abreviado se creó para ser aplicada en las primeras etapas de un proceso en casos de poca complejidad con el fin de economizar recursos a la administración de justicia, ¿por qué se usa prácticamente en el tiempo límite de un caso tan importante para el país? ¿Por qué si se gastaron tantos recursos en investigar y resguardar a los acusados a lo largo de los casi dos años de proceso se opta por un proceso abreviado, evitando llegar así a la vista pública? ¿Permitirá el arreglo conocer la verdad sobre el desvío y apropiación de recursos de todos los salvadoreños?

¿Cómo quedará el caso Saca? ¿La Fiscalía lo cerrará después de este arreglo? ¿Qué pasará con las líneas de investigación que debería abrir este proceso, como la investigación sobre los receptores de los fondos robados al Estado? ¿Cómo quedan las agencias de publicidad, los periodistas y el partido que recibieron dinero mal habido?, ¿quedarán en la impunidad? ¿Qué sucederá con las instancias del Estado, como la Corte de Cuentas de la República, que en su momento extendieron finiquitos a un mandatario que ahora confiesa que malversó fondos?

Todas estas dudas y preguntas solo son posibles por la fundada sospecha de que el sistema de justicia obrará como ya es tradición: mal, al servicio de los poderosos y de la impunidad. Para evitar especulaciones, lo mejor que puede hacer el Fiscal es dar los detalles del arreglo con Saca y sus cómplices, y revelar toda la trama del desfalco al Estado. Porque el mensaje que la posible conclusión de este caso transmite a la población es desolador: se puede robar millones, admitir el delito y devolver solo una fracción a cambio de pasar un muy corto tiempo en prisión. Por ello, esto huele mal, sabe mal, a pesar de que se insiste en que es un logro histórico.