Infancia y violencia

La semana pasada, Unicef publicó un comunicado llamando la atención sobre los abusos que sufren la niñez y la adolescencia salvadoreñas. Los más de 6,000 homicidios de niños y adolescentes entre 2005 y 2013 componen un panorama tan triste como deplorable. En los dos últimos años, las instituciones estatales dedicadas a este sector de la población asistieron a más de 18,000 niños y adolescentes que sufrieron diferentes vulneraciones de sus derechos. De ellos, un poco más de 7,000 sufrieron algún tipo de abuso o explotación sexual. Frente a esta realidad, Unicef nos invita a indignarnos, a sentir como un verdadero fracaso esta masiva situación de abuso y de miedo que abate a tantos de nuestros adolescentes y niños. Que sus niños crezcan con miedo es de lo peor que le puede pasar a un país. Y más si ese miedo acaba encontrando casi exclusivamente soluciones individuales. La migración, la vida en burbujas de seguridad, aislarse de la dura situación de la mayoría pueden ser soluciones para unos pocos, pero a la larga no hacen más que multiplicar la tensión e incluso fortalecer las redes de violencia establecidas en el país.

Cuando hoy hablamos de la necesidad de pactos contra la violencia, de diálogo con todos los que son parte del problema, de olvidar los planes de mano dura, que no hacen más que multiplicar la cultura de la violencia, no podemos olvidar a nuestros niños y adolescentes en medio de los esfuerzos por encontrar soluciones. Es indispensable establecer condiciones de defensa y apoyo de niños y niñas. El maltrato en las escuelas, donde todavía perviven algunas formas de hostigamiento o de castigo corporal a los alumnos, debe ser fuertemente perseguido y sancionado. La violencia en el hogar, denunciada con claridad. Frenar el maltrato, las humillaciones y los golpes dentro de la familia, así como toda forma de abuso y de explotación sexual, es un paso importante para la cultura de paz que necesita el país. El diálogo y el apoyo a grupos como las pandillas deben tener como condición indispensable que las escuelas y las rutas hacia ellas sean lugares y caminos de paz. Debe cesar la persecución pandilleril contra los jóvenes que viven en un barrio controlado por la facción contraria. Los acuerdos entre maras no deben ser solo de no matarse entre sí y de no matar en general, sino también de no hostigar ni amenazar a los jóvenes estudiantes o trabajadores que atraviesan territorios con determinado control, adverso al existente en los barrios de procedencia.

Con frecuencia se escucha a líderes empresariales, políticos o sociales hablar de la necesidad de seguridad jurídica. Y aunque esa necesidad es real, lo cierto es que no habrá seguridad jurídica mientras no haya seguridad ciudadana para los niños y los jóvenes. La seguridad jurídica tiene su fundamento último en la dignidad de la persona. Y en El Salvador, la Constitución la garantiza teóricamente al afirmar desde el primer artículo que es "el origen y el fin de la actividad del Estado". Pero una cosa son las afirmaciones constitucionales y otra la realidad. A pesar de los avances, el Estado no ha logrado proteger la seguridad de niños y jóvenes. Y en parte no lo ha hecho porque los ciudadanos no hemos asumido la debida responsabilidad. La pobreza, la injusticia, el hambre deberían ardernos. Y el sufrimiento de los niños debería quemarnos las entrañas. Pero acostumbramos permanecer en una especie de indiferencia frente a las noticias que hablan de la muerte de jóvenes o niños, y nos justificamos diciendo que no podemos hacer nada. Exigir, denunciar, organizar campañas de prevención, insistir en los derechos de los niños como prioridad, poner su seguridad como objetivo esencial de una cultura de paz son caminos hacia la eficacia de la protección de los derechos.

Cuando hace años la sociedad se conmocionó con el asesinato de Katya Miranda, la presión ciudadana logró que se superara, aunque no totalmente, la terrible impunidad que rodeó el caso desde sus inicios. Hoy tenemos más conciencia, mejores recursos legales y sociales, más fuerza; es hora de volcarlos a la tarea de proteger la vida de niños y adolescentes. Los datos de Unicef no pueden ser noticia que se olvida. Porque atentar contra los niños es monstruoso, y con demasiada frecuencia, semana tras semana, mes a mes, vemos en los periódicos noticias que nos hablan de la muerte injusta de menores de edad, o de otros abusos crueles y degradantes. Poner el tema en el debate nacional es indispensable para pasar a la acción. Y todos podemos, desde la palabra y los hechos, contribuir a ello. No es el futuro el que se nos va de las manos; es el presente el que estamos perdiendo cada vez que un niño es asesinado, que una niña es violada, que un adolescente es sometido a cualquier tipo de abuso.