Inseguridad jurídica

Es evidente que algunos no desean que haya seguridad jurídica en el país, y lo demuestran con sus posturas y acciones. En la actualidad, en el contexto del veto presidencial contra una mayor autonomía de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, algunos quieren empujar hacia una insana manipulación política de la Constitución. En primer lugar, hay que decir que el veto ha sido precipitado e improcedente, porque la mayor autonomía de la Unidad no impide que el Fiscal General sea el conductor fundamental de la labor de toda la institución que preside, tal como lo estipula la Constitución. En ese sentido, la superación del veto es positiva. Sin embargo, hay que ir más allá.

La Constitución es muy clara cuando aborda, en el artículo 138, los vetos presidenciales que aducen violación constitucional por parte de alguna ley de la Asamblea Legislativa. Recibida la ley y pronunciado el veto, el Presidente debe enviar, a más tardar en tres día hábiles, la ley a la Corte Suprema de Justicia. Y allí la Sala de lo Constitucional tiene quince días para decidir si la ley es constitucional o no. Si la Sala decide que lo es, el Presidente debe promulgar la ley. El problema es que no hay Sala por culpa de la Asamblea. El Presidente tiene una orden que debe cumplir: la Carta Magna lo obliga a enviar la ley a revisión. Si no lo hace, comete una inconstitucionalidad. Y la Sala, que no existe, tiene 15 días para pronunciarse. Si no lo hace en ese lapso de tiempo, la superación del veto queda en el aire. Dado que es la misma Asamblea la que ha cometido el fallo de no elegir a tiempo a la Sala, lo normal sería que la superación del veto quedara sin efecto. Para superarlo habría que realizar, cuando haya Sala de lo Constitucional, una nueva votación.

Algunos abogados han comenzado ya a interpretar la Constitución diciendo que la palabra “debe” no significa que el Presidente esté obligado a enviar la ley a la Sala, una ignorancia y malicia similares a las de ciertos juristas de Honduras y Nicaragua que afirman que Constituciones que prohíben la reelección presidencial en realidad no lo hacen. Malabaristas de la palabra, este tipo de abogados son los primeros en garantizar la inseguridad jurídica para el ciudadano. Por otra parte, y sin lugar a dudas, la incapacidad de los diputados de elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional es la principal causa de este desastre institucional. Los legisladores han embargado el cumplimiento de derechos básicos de los salvadoreños. Por dicha, aún no se ha caído en la barbaridad de interpretar palabras con un significado diferente al que tienen. Pero ya han empezado algunos a lanzar interpretaciones que se salen de la lógica y la racionalidad. Y dada la cortedad de miras de los diputados, no sería extraño que disculparan su irresponsabilidad constitucional con el consabido juego de palabras de algunos sedicentes juristas.

Si se quiere superar el veto presidencial, lo que toca es elegir a los miembros de la Sala de lo Constitucional, para que esta resuelva en los términos de tiempo establecidos. Si no, los diputados o tendrán que superar el veto de nuevo cuando haya Sala, o emitir una nueva ley que el Presidente no vete. En necesario que se respete a la institución internacional que supervisa y advierte de movimientos sospechosos de dinero. Y para ello es necesario darle mayor autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. El mismo Fiscal está de acuerdo. El Presidente no debería oponerse. Pero ahora que ha vetado la ley, Sánchez Cerén tiene el deber constitucional de enviarla a la Sala de lo Constitucional. Si no lo hace, violará la Constitución.

Independientemente de que se haya estado de acuerdo o no con todos sus fallos y sentencias, la anterior Sala de lo Constitucional tuvo un excelente desempeño. La incapacidad de elegir la nueva está unida al miedo de los diputados de tener un Sala independiente, que ponga paro, desde el control constitucional, a las veleidades, incoherencias e ignorancias que con frecuencia cometen a partir de sus intereses parcializados. Elegir Sala de lo Constitucional es la única salida ante las posibilidades de violar la Constitución que se abren en el escenario actual. De lo contrario, nos exponemos al crecimiento sistemático de la inseguridad jurídica. Aunque esto les convenga a algunos políticos, a la ciudadanía la daña radicalmente.