La norma es que cada 1 de mayo el sector laboral plantee sus reivindicaciones y ciertas demandas de interés nacional tanto a los empresarios como al Gobierno. Durante los años del conflicto, la jornada, en la que sindicatos y buena parte de las organizaciones sociales marchaban juntos, se distinguió por la exigencia del fin de la represión estatal, el respeto a los derechos humanos, la instauración de un régimen democrático y la liberación de los presos políticos; reclamos que unían a la mayoría de la población. Desgraciadamente, con el paso del tiempo, el movimiento sindical salvadoreño se fue fragmentando y perdió la combatividad y claridad de ideas que lo distinguieron.
Hoy, los sindicatos responden más a sus líderes y a los intereses de los partidos políticos que a los de la clase trabajadora. Los conflictos entre sus dirigentes, la corrupción de algunos de ellos, la ausencia de democracia interna, su preocupación inmediata por demandas muy particulares y que solo benefician a pequeños grupos han debilitado al movimiento sindical y han contribuido a su pérdida de credibilidad. Muestra de ello es la disminución de su poder de convocatoria. Y esta ausencia de sindicatos fuertes y creíbles, que cuentan con el apoyo de los trabajadores y de la sociedad en general, está repercutiendo negativamente en la calidad del empleo a nivel nacional.
Las cifras son dramáticas. Solamente el 25% de la población económicamente activa tiene un empleo formal, que no en todos los casos cumple las características definida por la OIT para el trabajo decente. Cerca del 50% labora por cuenta propia en el sector informal, sin contar con la cobertura del sistema de protección social. Los trabajadores agrícolas no solo reciben salarios miserables, sino que están legalmente excluidos de la seguridad social y del sistema de pensiones. Aunque las cifras oficiales hablan de una tasa de desempleo del 8%, es ampliamente aceptado que la realidad es distinta y que son muchos más los que no logran encontrar un empleo, están subempleados o se dedican a labores que apenas les permiten subsistir. Un dato más: el 25 % de los jóvenes ni estudia ni trabaja. La situación sería aún peor si muchos salvadoreños no hubieran tomado la decisión de emigrar para buscar en otros países lo que aquí no encuentran.
Tener un empleo hace una gran diferencia. Si este es formal, aún más. Si el empleo conlleva el derecho a la seguridad social y al sistema previsional, la diferencia es todavía mayor. Y si se recibe un salario mínimo o uno que permite cubrir más que la canasta básica, la calidad de vida de la familia es cualitativamente distinta. Según datos actuales, solamente el 6.25% de las personas económicamente activas tiene un empleo decente y recibe una paga superior a dos salarios mínimos, lo que refleja la precariedad del empleo y la terrible dinámica de exclusión de nuestra sociedad. Esta realidad debe ser transformada si se quiere que el país avance hacia un desarrollo con justicia social.
No es posible hablar de cambios sociales reales si no se camina en firme hacia el pleno empleo y el trabajo decente. Para la OIT, el trabajo decente es aquel que “dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo”.
Ante una realidad laboral tan lejana a esa definición, la primera y más importante reivindicación en el Día Internacional de los Trabajadores debería ser la creación de empleos decentes para toda la población en edad de laborar. Ello entraña, entre otros, exigir la incorporación de los trabajadores agropecuarios y de los autoempleados a la seguridad social y al sistema de pensiones, la equiparación de los salarios mínimos de los distintos sectores productivos, la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres, la mejora del ISSS y la eliminación de todas aquellas leyes que posibilitan la discriminación y la exclusión laboral. Para que esto sea posible es necesario un movimiento sindical integrado, fuerte y creíble, que luche con honestidad por los intereses de la clase trabajadora todos los días del año. Por de pronto, eso no existe.