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La sana convivencia social está basada en no dañar de ningún modo al prójimo. Nadie debiera quemar basura, incluso estando en su propia casa, si eso afecta a otras personas o familias. Lo mismo aplica a los tratos entre países. Si llega a arrancar, un proyecto de explotación minera en Guatemala podría causar un gravísimo daño a El Salvador. La mina Cerro Blanco en territorio guatemalteco, propiedad de la empresa canadiense Bluestone Resources, está lista para operar a cielo abierto, es decir, en la modalidad más dañina para el medioambiente y el ser humano. De nada serviría que nuestro país haya prohibido la minería en 2017 si este proyecto y otros similares se ponen en marcha.
La mina está ubicada en Asunción Mita, a unos 14 kilómetros de El Salvador y a unos 90 de la planta potabilizadora Las Pavas, por lo que los daños ambientales en la cuenca alta se extenderían hasta el río Lempa, nuestra fuente de agua más importante. Cerro Blanco arrojaría aguas contaminadas al río Ostúa, un importante tributario del lago de Güija, que a la vez es la cabecera de la cuenca del Lempa. El Lempa nace en Chiquimula, Guatemala. En su recorrido pasa por territorio hondureño y entra a El Salvador por el departamento de Chalatenango, bordea los departamentos de Cabañas y San Miguel, y desemboca en el océano Pacífico, entre San Vicente y Usulután. Es, con mucho, el más grande y caudaloso del país. Del río Lempa se riegan hortalizas y verduras, se alimenta a miles de familias que viven en las cercanías de su cuenca, genera la mayor parte de la energía eléctrica que se produce en el país, da agua a casi la mitad de la población de área metropolitana de San Salvador. En pocas palabras, contaminarlo es hipotecar la vida en el país.
La mina Cerro Blanco implicaría no solo la destrucción de ecosistemas en territorio guatemalteco, sino la contaminación con cianuro y drenaje ácido de una de las principales fuentes de vida de El Salvador. Un Estado tiene soberanía sobre su territorio, pero esa soberanía está sujeta a la obligación general de no causar daño al medioambiente de otros países o a zonas allende su jurisdicción, como declara la Declaración de Río de 1992. El principio internacional de la buena vecindad coloca en los Estados la responsabilidad de no dañar el medioambiente; el principio de cooperación internacional contempla la obligación estatal de prohibir actividades dentro de su territorio contrarias a los derechos de otras naciones.
La situación es aún más preocupante porque parece no haber conciencia oficial ni pública sobre el gran peligro que se cierne sobre El Salvador. Que se sepa, no hay iniciativas para frenar el proyecto. Por supuesto, las controversias internacionales relacionadas con el agua pueden manejarse por la vía diplomática. Los ejemplos abundan. En las riberas del río Nilo viven 160 millones de personas de 10 nacionalidades diferentes. Un tratado entre esos países ha permitido que el agua del Nilo llegue de manera aceptable a todos. Si hay buena voluntad y en el centro de la controversia se pone el derecho humano al agua por sobre el afán de lucro de las empresas mineras extranjeras, saldrá ganando la población y el medio ambiente tanto de Guatemala como de El Salvador.
