La confianza de los salvadoreños en las instituciones

Esta semana, el IUDOP presentó su última encuesta, dedicada a conocer la opinión de la ciudadanía sobre la situación del país al cierre de 2010. Entre los resultados del sondeo destaca que para la población el principal problema del país es el alto nivel de violencia en el que vivimos. Este dato no es sorprendente, pues ha sido señalado en multitud de ocasiones tanto por la ciudadanía como por los medios de comunicación. Sin embargo, la encuesta muestra también un muy leve descenso en el índice de victimización respecto al registrado a finales del año pasado: al preguntarle a la población si había sido víctima de un hecho delincuencial, el 19.8% respondió afirmativamente, contra el 21.3% que contestó de igual manera en 2009. A pesar de ello, casi el 60% de la población siente que la delincuencia ha aumentado a lo largo de este año. Llama la atención, además, que una similar proporción de salvadoreños (6 de cada 10) crea que la PNC ha sido más efectiva en la lucha contra la criminalidad, pero solo un 21.3% exprese tener mucha confianza en la institución.

Ante la evidencia de que el mayor problema del país es la inseguridad ciudadana, fruto de la delincuencia y la situación de violencia, la confianza de la población en las instituciones del Estado encargadas de luchar contra el crimen es muy baja. La Corte Suprema de Justicia solamente goza de la confianza del 9.5% de la población. La Fiscalía General de la República, que tiene un papel fundamental en el proceso de acusación y reunión de las pruebas del delito, solamente goza de la confianza de 11 de cada 100 salvadoreños. Un poco mejor se encuentra la Procuraduría General de la República, que despierta confianza entre el 14.1% de los salvadoreños.

Estas tres instituciones no han logrado incrementar significativamente sus niveles de confianza entre la población en los últimos 7 años. Y ello es grave, pues el nivel de confianza de la población en las instituciones responsables de enfrentar la criminalidad y juzgar a los criminales está muy relacionado con la efectividad de las mismas, con la realización a cabalidad de su misión específica. Si estas instituciones realizaran bien su trabajo, contarían con un mayor beneplácito de la población.

Tanto la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía como la Procuraduría General tienen al frente personas elegidas por los políticos, y a los ojos de la población esta elección es fruto de un pacto, no de la idoneidad de los candidatos. La mejor prueba de ello son los largos y complejos procesos de negociación en los que entran los partidos cada vez que hay que elegir a estas autoridades. Tan largos y complejos que habitualmente no se alcanzan acuerdos sino hasta meses después de la fecha en que deberían haber sido nombrados los funcionarios.

Si a lo anterior le sumamos que tanto los partidos políticos como la Asamblea Legislativa, que en definitiva son los responsables de elegir a dichos funcionarios, gozan de una mínima confianza entre los salvadoreños, es fácil de entender también por qué la población no confía en las tres instituciones en cuestión. La politización de estas instituciones —que la elección de sus responsables sea fruto de negociaciones políticas— es con seguridad un elemento fundamental en su falta de eficiencia y confiabilidad. Dados estos bajos niveles de confianza en la PNC, la Fiscalía y la Corte Suprema, es muy lógico que la población no espere grandes cambios en la situación de violencia y criminalidad que padecemos.

En general, la gente no espera que mejore mucho la situación del país en el próximo año. La mayoría de la población no ha observado mejoras importantes durante 2010 en aspectos que fueron objeto de promesas de campaña de Funes, como la situación de los derechos humanos, el respeto a los derechos de las mujeres y la migración. En definitiva, la mayor parte de los salvadoreños y las salvadoreñas observa que la situación sigue igual. Las expectativas que generó el relevo de autoridades en los gobiernos municipales y central en la última elección han disminuido significativamente al final del año 2010. El cambio anunciado no se ha visto plasmado en la realidad cotidiana, y ante ello la población muestra un creciente desencanto.