La Ley de Desarrollo y Protección Social

El presidente Mauricio Funes presentó en la Asamblea Legislativa una propuesta de ley que pretende asegurar la continuidad de "los programas de ayuda a los sectores vulnerables", como el paquete de útiles y uniformes escolares, el vaso de leche, las comunidades solidarias y las ayudas agrícolas, entre otros. Asegurados por ley, un gobernante que quisiera cambiarlos tendría que emitir una nueva normativa que eliminara las ayudas, las cambiara por otras o las superara estructuralmente. Sobre esto último, la superación estructural de los programas de ayuda, queremos reflexionar en este editorial. La idea que anima la propuesta es buena, pero debe aprobarse una ley transitoria, que apunte a su propia superación.

Los programas de ayuda a sectores vulnerables en una sociedad como la salvadoreña son necesarios mientras se superan las causas de la vulnerabilidad. Y por eso mismo no deben ser permanentes. La vulnerabilidad de nuestra gente tiene su origen en la injusticia estructural; los programas de ayuda son un remedio paliativo mientras se resuelve esa injusticia estructural. El gas y la electricidad requieren subsidio porque la mayoría de la gente no tiene capacidad de pagarlos a su precio real de mercado. Si el salario mínimo es de hambre, habrá que pensar mejor los montos salariales. O invertir más en la educación, de modo que la calidad de los empleos sea mejor, se incremente la productividad y aumente, finalmente, la retribución por el trabajo.

No podemos estratificar derechos básicos de la ciudadanía, dando más a unos y menos a otros según su nivel de ingreso o la formalidad de su trabajo. El Salvador necesita llegar a una situación en la que la mayoría no necesite subsidios. Y para ello la educación, la salud, la vivienda, la pensión de ancianidad deben ser derechos universales, disfrutados con un nivel de calidad básico e igual por todos. Estratificar no es más que la estrategia heredada de las élites extractivas para enriquecerse mientras la sociedad sigue en la pobreza.

En general, las reformas estructurales disgustan a los poderosos, acostumbrados a lucrarse fácilmente en una sociedad de castas, construida en El Salvador sobre la base del ingreso en vez de sobre el linaje. Pero si queremos convertirnos en un país desarrollado, este tipo de estructura social tiene que desaparecer. Los subsidios pueden ser buenos mientras no se llega al objetivo, pero convertirlos en fines terminaría pagándose caro. Y el objetivo no puede ser otro que la transformación de estas estructuras injustas, discriminadoras, que mutilan y ofenden la igual dignidad de las personas. No puede ser que el trabajo agropecuario valga menos de la mitad que el de servicios, o que el durísimo trabajo de la zafra reciba un salario mínimo todavía inferior a la humillante asignación del agropecuario.

En este sentido, los salvadoreños necesitamos una explicación clara de las intenciones del Presidente cuando dice que los "programas de ayuda" son parte del "sistema de protección universal". Nuestro sistema de protección universal no es válido en las condiciones actuales; necesita cambios estructurales y dirigir los programas de ayuda solo a quienes están excluidos del trabajo formal, marginados del salario decente, y fuera de servicios de salud y educación de calidad. Los programas, insistimos, pueden ser válidos temporalmente. Pero las redes de protección social no son universales, porque discriminan a la población de acuerdo a su ingreso y formalidad laboral. Es necesario cambiar la Ley de Desarrollo y Protección Social, para incluir reformas estructurales de los programas discriminatorios de salud, educación, vivienda y salario mínimo. Si no es ahora, ha de ser en el futuro próximo. Esto debería estar incluido en la propuesta de ley.