La muerte de nuestros jóvenes

La semana pasada circularon dos noticias que deberían conmovernos y hacernos reflexionar. La primera, la salida de la cárcel de los que habían sido acusados del crimen contra Katia Miranda. Convertida en el símbolo de la injusticia contra nuestra juventud, el caso de esta niña de mirada inocente estuvo rodeado desde el principio de signos de impunidad escandalosos y perniciosos, que culminaron con la liberación de los acusados. La segunda noticia, con menos impacto mediático, pero no menor importancia, fue la publicación del informe de Unicef sobre la violencia contra los niños y adolescentes, titulado Ocultos a plena luz. Los datos en este documento son impactantes.

Basado en datos oficiales de los Gobiernos de los países estudiados, nos dice que El Salvador tiene el mayor índice de homicidios de personas menores de 20 años, seguido de Guatemala y Venezuela. En los tres, la violencia es la primera causa de mortalidad entre los varones adolescentes; violencia que se prolonga contra la mujer con la agresión sexual. De hecho, el 33% de las jóvenes de entre 15 y 19 años encuestadas por Unicef en El Salvador dijeron haber sufrido violencia física, sexual o emocional de parte de su pareja. Un 45% de los niños de sexto grado afirmaron que en el último mes habían sufrido robos, insultos, amenazas o agresiones, lo que en la actualidad se entiende por acoso escolar o bullying.

Esto debería afectarnos a todos. Pero no como tema para aprovecharlo políticamente, porque esta masacre silenciosa de jóvenes lleva demasiado tiempo entre nosotros. Aunque de diversa manera, todos los liderazgos, sean políticos, estatales, empresariales o institucionales, tienen mucha responsabilidad en esta cadena de atentados contra los jóvenes. Lo que interesa ahora es actuar. Y la acción tiene muchos campos.

La escuela tiene que transformarse en un lugar pacífico que destierre el miedo y enseñe a solucionar los conflictos. En esta línea, la universalización del bachillerato, que mantendría en las aulas a los jóvenes hasta los 18 años, se convierte en un imperativo moral. Quienes se resistan a entregar fondos para la tarea de ampliar los estudios obligatorios hasta el bachillerato deben ser considerados como cómplices de la plaga de homicidios contra los jóvenes. Una política que privilegie el primer trabajo juvenil es también indispensable. Ofertas deportivas y culturales, sistematizadas y ofrecidas como complemento del tiempo libre, completarían el apoyo a esta nuestra juventud amenazada.

El asesinato de Katya Miranda revela los múltiples mecanismos de la impunidad, la debilidad y deficiencia de las instituciones, y el desinterés de muchos por hacer justicia. Nos indigna como hecho del pasado que se perpetúa en el presente. Ser el país que registra el mayor porcentaje mundial de homicidios contra adolescentes tiene que ser una llamada urgente a la acción. Aunque el dato se mencionaba como un problema acuciante, su confirmación por parte de Unicef tiene que sacarnos del letargo. Necesitamos la constitución de un equipo de trabajo de crisis, medidas de emergencia, conciencia de la necesidad de avanzar más rápidamente hacia la justicia social. No podemos conformarnos con que se esté matando a nuestra juventud, con acostumbrarla a sufrir agresiones impunemente, con humillarla acosando a nuestras niñas y mujeres adolescentes.