La Puya

Una oleada de solidaridad nacional e internacional ha despertado la lucha de los pobladores de varias aldeas de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el norte del departamento de Guatemala, capital del vecino país. Los habitantes de la zona, conocida desde siempre como La Puya, a solo 45 minutos de la capital, iniciaron su resistencia pacífica a principios de 2012, después de darse cuenta de que no era frijol, maíz o café, como lo habían prometido, lo que sembrarían los recién llegados que habían comprado tierras. Se trataba de empresas mineras, que a través de terceros compraron grandes extensiones de terreno a precios muy por encima a los de la zona. Luego, obtuvieron los permisos para evaluar el subsuelo de un área de 107,072 hectáreas, es decir, unos mil kilómetros cuadrados, una vigésima parte del territorio de El Salvador.

En marzo de 2012, un desfile de camiones y maquinaria pesada alertó a los pobladores de que la mina iba en serio. Para cerrarles el paso, una humilde mujer, Estela Reyes, se plantó frente a una excavadora de varias toneladas, en una escena similar a la de aquel rebelde desconocido de la plaza Tiananmen. Siguiendo el ejemplo de ella, otros pobladores formaron un cerco humano que impidió que la maquinaria entrara al terreno de la mina. Desde el 1 de marzo de 2012, los pobladores de La Puya han dado cátedra de organización y solidaridad a través de su resistencia pacífica, demostrando que se puede luchar cívicamente contra los grandes abusos. A partir de entonces, se turnan para evitar que se abra la mina, a la espera de que las autoridades guatemaltecas detengan el proyecto por los tremendos daños que causaría, como ya ha sido determinado con rigor por especialistas.

Pero la respuesta del Gobierno guatemalteco no ha sido a favor de los pobladores, sino de las empresas mineras transnacionales. El 23 de mayo, a las cuatro de la mañana, más de 300 efectivos de la Policía Nacional Civil y de fuerzas especiales, con bombas lacrimógenas, gas pimienta y golpes a mansalva, desalojaron a mujeres, jóvenes y ancianos, con lo cual lograron que la maquinaria entrara a la zona. De acuerdo a los medios de comunicación guatemaltecos, la acción dejó casi una treintena de lesionados, entre pobladores y policías. La demostración de dignidad y resistencia pacífica de los pobladores de La Puya ha provocado el respaldo a su causa de muchos sectores tanto dentro como fuera de Guatemala. Mientras el Gobierno del exgeneral Otto Pérez Molina demuestra incapacidad para dar seguridad a la población por falta de efectivos policiales, sí dispone de ellos para desalojar con violencia a humildes pobladores que se oponen en calma a sufrir los efectos devastadores de la industria minera.

El dilema de fondo en este conflicto es la imposición de los derechos individuales en detrimento de los sociales y colectivos. Esto irrespetando y haciendo oídos sordos a las demandas de las comunidades que se oponen a una actividad que a la larga termina afectando a todos. Como sucede en muchos países que han sido presa de la fiebre del oro, a la sociedad se le veta toda posibilidad de defender derechos colectivos, garantizados constitucionalmente. El bien común y la vida deben prevalecer sobre el beneficio particular; si no, es imposible construir relaciones sociales de paz y bienestar. Los habitantes de San José del Golfo y las comunidades aledañas merecen respeto a su dignidad y a la defensa pacífica de sus territorios y sus bienes naturales. Sus derechos deben de ser restituidos; las fuerzas públicas deben abandonar el lugar. Además, debe abrirse una discusión nacional sobre el impacto ambiental de la mina y sobre el modelo de gestión que quieren los guatemaltecos. El Estado debería garantizar lo anterior. Hacer lo contrario implicaría anular las posibilidades de una Guatemala con condiciones para vivir en plenitud.

Desde la UCA en El Salvador, nos solidarizamos con los pobladores en resistencia; admiramos y acompañamos su vocación pacífica y su lucha permanente por la dignidad, a pesar de los actos violentos en su contra. La de ellos anima la lucha de los pobres en los países en que las grandes empresas mineras han puesto los ojos.