Recientemente, el estado de excepción fue abordado de dos maneras radicalmente diferentes entre sí por dos figuras públicas del país, el cardenal Rosa Chávez y el vicepresidente de la República. El cardenal dijo con claridad que la persecución del crimen debe hacerse de una manera diferente a la actual; es decir, investigando, cumpliendo las leyes vigentes, respetando los derechos de las personas, evitando al máximo las injusticias y el sufrimiento. El vicepresidente llamó “guerra” al estado de excepción, invocó el derecho humanitario para justificarla, afirmó que en todo conflicto bélico hay “daños colaterales” y que, al final, los errores son pocos, y aunque se deben corregir, no le quitan el mérito a las acciones.
Frente a la posición humanista del cardenal, partidario de que la lucha contra el crimen se lleve a cabo desde la civilidad, el vicepresidente resta importancia a los errores e injusticias que se están cometiendo. ¿Los 45 mil privados de libertad son presos de guerra? ¿Se les aplicarán los Convenios de Ginebra, que protegen a los combatientes capturados? ¿Hay en el país una guerra civil? Frente al “balance altamente positivo” y la “operación correcta” de los que habla el vicepresidente, está la frase pensada, cristiana y pacifista del cardenal: “Todo ser humano merece un trato digno. Ha habido muchos excesos [durante el estado de excepción] y está documentado, no hay que normalizarlo; hay que tratar de cambiar, porque está en juego la dignidad de la persona, sea culpable o inocente”. Frente a la indiferencia ante el dolor de las personas y sus familias que han sufrido injusticias, está la razón cordial que habla de seres humanos.
Mientras el cardenal pide reflexión, el vicepresidente amenaza: “Estamos en guerra, lo que hay es que escoger de que lado estamos, si es del lado del Estado, del Gobierno, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos". Esa afirmación despierta nuevas preguntas: ¿la peculiar guerra de la que habla el vicepresidente permite la violación de derechos humanos?,¿defender la dignidad humana, incluso de los malvados, es delito de guerra? Por su lado, el cardenal recuerda que los detenidos son seres humanos, que entre ellos hay un buen número de inocentes y que la persecución del crimen no implica tratos crueles y degradantes. Las palabras del vicepresidente, dividiendo al país en buenos y malos, y estableciendo la guerra de unos contra otros, no son prudentes ni dignas de un profesional. Que un abogado y docente universitario se exprese de ese modo es incomprensible, trágico.
El país necesita racionalidad y sensibilidad humana. Hablar de guerra es prescindir de valores democráticos, es declararse incapaz de aplicar la legislación vigente, es optar por la fuerza bruta en lugar de por la inteligencia, la investigación y la justicia. Optar por el lenguaje guerrerista abre la puerta a que, tarde o temprano, se justifiquen crímenes. En la historia del país abundan ejemplos al respecto. ¿Para combatir la delincuencia es necesario repetir la sistemática violación de derechos humanos que se dio durante la guerra civil? ¿No hay más opción que regresar al pasado?