Legislan en contra del país

Mientras al país lo entretienen con la novela de Francisco Flores, el retiro “voluntario” de la candidatura de Norman Quijano y la crítica mediática diaria a la gestión del Gobierno, el escenario para tener una Ley General de Aguas se pone cada vez más difícil. Prácticamente toda la dramática situación de nuestro medioambiente tiene que ver con el agua. De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ninguno de nuestros 56 ríos tiene agua apta para el consumo humano; y la Cepal advierte que El Salvador es el país centroamericano que está más cerca del estrés hídrico. En otras palabras, estamos a muy poco de no tener agua, ni en cantidad ni en calidad, para toda la gente. Por eso, la protección, conservación y gestión adecuada del agua es uno de los retos principales de El Salvador. Mejorar la sustentabilidad ambiental y en particular la del agua es indispensable para la viabilidad de cualquier proyecto político, económico y social que quiera emprenderse. Sin agua no hay proyecto que valga.

El agua es un bien público, reconocido por Naciones Unidas como un derecho humano indispensable para vivir dignamente y como condición previa para la realización de otros derechos. Pero la creciente toma de conciencia sobre el deterioro ambiental y sobre la necesidad de reconocer oficialmente al recurso como un derecho humano no cala las mentes y los corazones de los diputados ni de los partidos políticos, que solo piensan en los intereses de quienes les dictan cómo votar. El 7 de octubre, diputados de GANA, Conciliación Nacional y Arena, junto a uno que se dice independiente, aprobaron, en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, un artículo de la Ley General de Aguas que establece que el ente rector del recurso será una institución autónoma integrada, en su mayoría, por miembros de las gremiales empresariales. Para estos legisladores, la empresa privada debe regir todo lo que se refiere al agua, abriendo así las puertas a que sea concebida como un bien privado, como una mercancía.

Arena siempre se ha opuesto abiertamente a una institucionalidad pública, porque eso iría en contra del afán de lucro del sector económico que representa. GANA, como es su costumbre, se ha quedado en la indefinición, en la lógica de “dejar hacer, dejar pasar”, sobre todo si las negociaciones le rinden fruto. Y de Conciliación Nacional no se puede esperar nada bueno. Pero también el FMLN tiene responsabilidad en esta actuación de los diputados de derecha. A pesar de la lucha histórica del movimiento social para regular el agua, para el Frente nunca ha sido una de sus prioridades. Si lo fuera, su capacidad para entablar alianzas con otros partidos (algo que operó con eficacia para la aprobación de las reformas tributarias, por ejemplo) hubiera posibilitado que hace tiempo tuviéramos una Ley General de Aguas. Mantener una posición cerrada e intransigente sobre la institucionalidad que debe regir todo lo que tenga que ver con el agua es una manera de dejarle el camino abierto a la derecha salvadoreña. Rasgarse ahora las vestiduras culpando a los partidos que votaron por el artículo es demagogia. Todos los partidos se han opuesto o no han hecho lo suficiente para ratificar el artículo 69 de la Constitución que reconoce al agua como un derecho humano.

Diversas experiencias en el mundo, incluyendo algunas cercanas, han demostrado la inconveniencia de dejar en manos privadas la administración del vital líquido. Cuando eso sucede, es frecuente la corrupción, el incumplimiento de los compromisos de ampliar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, se experimentan notables incrementos en las tarifas y se margina del acceso a los sectores que no pueden pagar los servicios. En resumen, la realidad ha demostrado que la delegación de los servicios de agua en operadores privados no garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento en la medida que los criterios aplicados son estrictamente económicos. Los sonados conflictos en los casos de CEL-ENEL e Infocentros son ejemplos que ilustran con claridad lo que sucede cuando un bien público se deja en manos de la iniciativa privada.

El Estado deber ser el garante último del acceso al agua de todos los salvadoreños; la institucionalidad que rija al recurso debe tener un carácter eminentemente público. Con ello no se niega la participación de los diversos sectores vinculados a la captación, gestión, distribución y protección del agua, incluida la empresa privada, pero el ente regulador debe ser estatal. Solo así se logrará que el Estado, independientemente de quién esté en el Gobierno, no se desentienda de su responsabilidad. Asumir que el agua es un bien público obliga a considerarla como un patrimonio de toda la humanidad y que debe ser gestionada bajo los criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad. Estos principios son incompatibles con cualquier aproximación mercantil. Ciertamente, los diputados de la derecha han hablado, pero no tienen la última palabra. Quien debe defender en primera línea el derecho humano al agua es la población, sobre todo la más pobre, que será la más perjudicada por la decisión legislativa. Y no solo debemos pronunciarnos y actuar en pro de una institucionalidad pública, sino por la ratificación constitucional del agua como un derecho humano. Aún estamos a tiempo de actuar para que se corrija la plana.