Los derechos humanos no son moneda de cambio

La situación de los detenidos en prisión en El Salvador fue calificada por la relatora especial de la ONU Agnes Callamard como cruel e inhumana. En su informe de febrero de 2018, la funcionaria afirma con contundencia: “La implementación de las medidas extraordinarias de seguridad ha dado lugar a la detención prolongada de miles de personas, incluyendo detención preventiva, en condiciones crueles e inhumanas. Las preocupaciones de seguridad por sí solas no explican las condiciones que he presenciado, lo que me lleva a concluir que tales medidas se implementan con el propósito principal de deshumanizar a los detenidos”.

Viene a cuento citar el informe de la relatora especial porque lo por ella denunciado sigue vigente, a pesar de que en los primeros días de septiembre de este año el director de centros penales anunció el fin de ciertas medidas de emergencia. Hasta ese momento, y según las declaraciones del propio Osiris Luna, las condiciones de los presos eran las siguientes: “Encierro total, […] solo una hora al sol, no había salida de ninguno a hacer trabajos con programa ‘Yo Cambio’, ni uso de tiendas institucionales, ningún programa de rehabilitación interna, ni visitas”. En otras palabras, en las cárceles salvadoreñas se contravenía sin pudor el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que afirma que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

La política seguida por el Gobierno de Nayib Bukele con los presos pandilleros sigue la lógica del garrote y la zanahoria. La cancelación del estado de emergencia en los centros penales a principios de septiembre se debió a la importante reducción de homicidios desde la implementación del plan de control territorial. En octubre, según cifras oficiales, los homicidios volvieron a bajar, alcanzando cifras históricas, lo que fue motivo para que el presidente anunciará la implementación de un plan para atender la tuberculosis y la desnutrición en las cárceles. Un premio al supuesto buen comportamiento de las pandillas. Para que no quedaran dudas, Bukele afirmó que si los homicidios se incrementan, se suspenderán las medidas sanitarias para los privados de libertad.

El presidente parece no saber que es obligación del Estado brindar atención médica en las cárceles, pues es el garante directo de los derechos de los privados de libertad. Cuidar la salud de los detenidos no es una concesión o un favor; mucho menos puede entenderse como un premio de buena conducta. Tampoco puede ser moneda de cambio para disminuir el número de homicidios en el país. Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han convenido principios y regulaciones respecto a la obligación que tienen los Estados miembros —entre los que se incluye El Salvador— de atender la salud de las personas detenidas y garantizar su adecuada nutrición. Dichas regulaciones señalan que “no se podrá invocar circunstancias, tales como, estados de guerra, estados de excepción, situaciones de emergencia, inestabilidad política interna, u otra emergencia nacional o internacional, para evadir el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de trato humano a todas las personas privadas de libertad”

El Gobierno salvadoreño tiene la obligación de proveer tratamiento médico contra la tuberculosis y la desnutrición en las cárceles; debió hacerlo desde el mismo momento en que supo de la existencia de estos males, independientemente de lo que ocurriera afuera con los homicidios. De seguir evadiendo sus responsabilidades, de seguir regateando o condicionando lo que es un deber del Estado y un derecho de los privados de libertad, El Salvador estaría irrespetando su propia Constitución y violando el derecho humano a la integridad de las personas, y los principios y convenciones de Naciones Unidas y la OEA para las personas privadas de libertad. Además, se estaría exponiéndose a una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con altas probabilidades de ser condenado.