Los hechos niegan las palabras

El pasado primero de marzo, el Consejo Económico y Social aprobaba nueve apuestas estratégicas que deberían alcanzarse en el año 2024 y diez áreas prioritarias para trabajar en los próximos cinco años, del 2010 al 2014. Estos acuerdos son realmente buenos e importantes para el país, y de llevarse a la práctica supondrían un cambio profundo en nuestra estructura social. Si se toman en serio, estas apuestas llevarían al país hacia una sociedad más justa, más incluyente y equitativa, con una mayor igualdad de oportunidades para todos y todas. Nos llevarían a un El Salvador muy distinto del que hoy tenemos, y sobre todo un El Salvador mucho mejor, pues se garantizaría una vida digna para todos sus hijos e hijas. Vida digna que por años llevan esperando los que también por años han sido marginados del desarrollo, y que constituyen la mayoría de la población. Son apuestas que invitan a la esperanza y dibujan un camino a seguir que ilusiona y anima. Apuestas que por su urgencia no pueden esperar al año 2024, sino que deben alcanzarse cuanto antes.

Por ello, estos acuerdos no pueden quedarse solamente en palabras. Llevar estas nueve apuestas a la realidad debe ser un compromiso verdadero, tanto de parte del Gobierno como de todos aquellos sectores que están representados en el Consejo y firmaron el acuerdo; entre ellos, los empresarios, los sindicatos, el movimiento social y las universidades. Firmaron el acuerdo y están obligados a cumplirlo. Y la sociedad entera debe exigirles que lo hagan.

Para hacer realidad estas apuestas se requiere de acciones concretas, pero cuando se trata de ir a lo concreto comienzan los problemas. Qué fácil es estar de acuerdo en los grandes lineamientos formulados con palabras bonitas, pero qué difícil es hacerlos realidad. Qué difícil es renunciar a los privilegios adquiridos y tocarse el bolsillo. Es a este respecto que las cosas se complican, y los acuerdos, por bonitos que sean, se convierten en palabras vacías.

La segunda de las grandes apuestas estratégicas para el año 2024 dice así: "Construir una sociedad equitativa, incluyente y tolerante donde existe la equidad de género y en la que los derechos de toda la población, con especial énfasis en los grupos en condiciones de vulnerabilidad, sean respetados". En esta apuesta del Consejo, son tres los adjetivos que definen a la sociedad que se desea alcanzar: "equitativa", "incluyente" y "tolerante". Tres adjetivos que no son nada confusos y ciertamente apuntan a una sociedad muy distinta a la actual, que lastimosamente está marcada por la inequidad, la exclusión y la intolerancia. Como si no bastara con estos tres hermosos adjetivos, los firmantes del acuerdo quisieron explicitar que esta apuesta incluye también "la equidad de género y el respeto a los derechos de toda la población".

Pero tres meses después, parece que algunos de los que firmaron el acuerdo ya se han olvidado del mismo, o quizás no entendieron bien el significado de lo que firmaron. Pues siguen con posturas excluyentes, siguen queriendo perpetuar la sumisión de las mujeres y negando los derechos de toda la población. Según el diccionario de la Real Academia Española, "excluir" significa "repulsa para no admitir a alguien en un empleo, comunidad, cargo, etc.". Precisamente esto es lo que significa no aceptar que las trabajadoras domésticas participen del Seguro Social y de todos los derechos laborales que establece la legislación nacional para los y las trabajadoras.

No es por miedo a que el Seguro Social colapse que se quejan los empresarios y por lo que se oponen a esta medida. Su queja es porque no quieren reconocer que las empleadas domésticas son trabajadoras y como tales tienen derechos laborales. Incluir a las empleadas domésticas en el Seguro Social es reconocer que son trabajadoras con todos los derechos laborales: derecho a una jornada de 44 horas semanales; derecho a que se les paguen horas extras si trabajan más de lo legislado; derecho a disponer de un horario de trabajo determinado; derecho a un salario no menor al mínimo; derecho a una indemnización cuando sus patrones deciden prescindir de sus servicios; derecho a ir al médico cuando estén enfermas y a días de incapacidad mientras se recuperan del padecimiento; derecho a una pensión de jubilación; e incluso derecho a organizar su propio sindicato y defender colectivamente sus derechos laborales.

Lo anterior nos muestra la importancia de una medida que a primera vista puede parecer insignificante: no solo implicará el acceso de estas mujeres a los servicios del Seguro Social, sino que también, y aún más importante, serán consideradas trabajadoras en toda regla y por ello adquirirán una serie de derechos que las equipararán con el resto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.

La exclusión de la mayoría de la población es un pecado social, es la muestra de la insolidaridad de una parte de los salvadoreños y salvadoreñas hacia el resto, es una situación contraria a la justicia que el amor cristiano exige. Por ello, desde la fe cristiana no se puede justificar que esta situación siga; hay que transformarla y hay que seguir tomando acciones que vayan eliminando la exclusión para caminar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva y equitativa donde todos seamos en verdad hermanos y hermanas porque gozamos de los mismos derechos y deberes.

El camino para lograr la inclusión pasa por renunciar a los privilegios adquiridos, pasa por un mínimo de solidaridad y justicia. Si cada nuevo paso que se pretenda dar para lograr la inclusión va a ser contestado, ¿qué sentido tiene haber firmado estos acuerdos?