Mal remedio

Cada vez se ve con mayor claridad la incapacidad de la nueva Asamblea Legislativa para debatir y encontrar soluciones inteligentes a los problemas nacionales. A continuación, tres ejemplos. La Sala de lo Constitucional emitió una sentencia clave para nuestra historia en julio de 2016. En ella, declaró inconstitucional la ley de amnistía y ordenó que la Asamblea emitiera una nueva normativa orientada a desarrollar un sistema de justicia transicional. Durante casi dos años, la Asamblea no hizo absolutamente nada, desobedeciendo la sentencia. La legislatura que comenzó funciones este año creó una comisión ad hoc en respuesta al mandato de la Sala. Por desgracia, esa comisión no ha entendido la sentencia ni da muestras de querer cumplirla.

Han decidido que lo mejor para responder a la Sala es redactar una “Ley de Reconciliación”, ignorando que no hay reconciliación sin verdad y justicia. La muestra más palpable de ello es que la mayoría de los miembros de la comisión son personas vinculadas a graves violaciones a derechos humanos. Por supuesto, en esa comisión no hay víctimas de la guerra ni representantes de las mismas. Incluso uno de los miembros de la comisión dijo que precisamente por estar vinculados a los problemas del pasado están más preparados para buscar la reconciliación. Una vez más se quiere imponer una reconciliación desde los victimarios, al estilo del perdón y olvido de antes, que buscó silenciar a las víctimas y negar la justicia en el país.

Por si fuera poco, la comisión, para ilustrarse, ha llamado mayoritariamente a enemigos de la sentencia. Unos de ellos han afirmado que solo los que odian quieren justicia. Otro, que la Asamblea puede elegir la sentencia que más le convenga, dado que hay dos sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Quien dijo esto es un antiguo magistrado de la Sala de lo Constitucional, que con su afirmación mostró ignorancia sobre derecho constitucional y sobre la legislación internacional relativa a derechos humanos, de obligatorio cumplimiento para El Salvador. El único de los consultados que ofreció recomendaciones de justicia transicional en consonancia tanto con la sentencia de 2016 como con estándares internacionales de derechos humanos no fue escuchado ni entendido por la mayoría de los miembros de la comisión.

Otro ejemplo es la rápida y poco meditada regularización legal de las medidas extraordinarias que se aplican al sistema penitenciario. Frente a la violencia, los diputados recurren de nuevo a la mano dura, dejando de lado las razones sociales, económicas y culturales que fomentan sistemáticamente la violencia y el delito, como si la lógica de la guerra hubiese quedado enquistada en ellos y solamente pudieran deliberar sobre problemas viendo amigos y enemigos. Aunque algunas de las medidas tienen razón de ser, otorgar una discrecionalidad tan fuerte a los directores del sistema penitenciario convierte a las cárceles en lugares propicios para diferentes formas de tortura. El tema es serio, puesto que diversas instancias internacionales ya han denunciado la inhumanidad y sistemática violación de estándares internacionales de derechos humanos que caracteriza al sistema carcelario salvadoreño.

Finalmente, la tercera muestra es el pésimo manejo del tema agua. La actuación de una buena parte de los diputados los caricaturiza como una especie de lacayos del sector empresarial más conservador y extractivo. La lentitud a la hora de ubicar el derecho al agua en la Constitución es signo de que algunos legisladores no son capaces de escuchar siquiera a los sectores más abiertos y democráticos de su propio partido. Así las cosas, si no hay cambios, durante los próximos tres años lidiaremos con un grupo de diputados ignorantes y ultraconservadores que lo único que harán es paralizar aún más al país. La pretensión del bloque de derecha parlamentario de que teniendo mayoría arreglaría todo sin obstáculos es un remedio peor que la enfermedad de ineficiencia crónica de la Asamblea Legislativa.