En los últimos tiempos, cada vez con más frecuencia se escucha hablar de la responsabilidad social empresarial (RSE). Sobre todo las grandes empresas inflan mucho el pecho (y los espacios en los medios de comunicación) para decir que la están practicando en nuestro país. En realidad, hasta hoy, no hay un consenso sobre lo que se entiende por RSE. Una revisión general del concepto permite constatar que no existe una definición común tanto para las instituciones nacionales como para las internacionales. En sus orígenes, algunas empresas la entendieron —y la siguen entendiendo— como una práctica filantrópica, es decir, como una ayuda que se da por buen corazón. Otros van un poco más allá y la entienden como “la comprensión de la empresa de tener una obligación moral con la sociedad”. Y en una tercera vertiente, se ve como una estrategia para añadir valor a la empresa, a sus bienes y servicios: una empresa que practique la RSE venderá más que otra que no lo haga. Es decir, por su creciente conciencia, la sociedad discrimina entre las empresas, prefiriendo a las que son más responsables con ella. En definitiva, la motivación para ser socialmente responsables, en esta corriente, es el afán de lucro.
Ahora bien, estas concepciones conciden —entre otras cosas— en que la responsabilidad social empresarial es una cuestión de voluntad, no exigida por la ley. Incluso la misma Organización Internacional del Trabajo reconoce que la RSE “es una iniciativa de carácter voluntario y que solo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera rebasan el mero cumplimiento de la ley”. Pero en El Salvador, a este respecto, hay mucho ruido y pocas nueces. La mayoría de empresas entienden la RSE como la realización de actividades periféricas, encaminadas más bien a limpiar la conciencia y a tener un efecto publicitario. Hemos conocido casos de empresas que gastan más en anunciar una “buena obra” que lo que invierten en ella. Es fácil construir una buena imagen promoviéndose como socialmente responsable, aunque en realidad las prácticas medulares del mundo empresarial estén lejos de la responsabilidad.
¿Qué sería ser socialmente responsable en El Salvador? Más allá de embellecer áreas verdes o adornar plazas y parques con motivos navideños, no se es socialmente responsable cuando se pagan salarios de miseria a los trabajadores. Como se sabe, el salario mínimo en el campo es de $113.70 mensual y en la industria, de $237. Además de ser tan disímiles entre sí, como si en el campo se trabajara menos que en la ciudad, son insuficientes para la sobrevivencia de un núcleo familiar. En este sentido, una medida de auténtica responsabilidad con la sociedad salvadoreña sería pagar salarios dignos a todos los trabajadores, en lugar de anunciar y financiar fundaciones altruistas. O pagar todas las prestaciones y cotizaciones a las que los trabajadores tienen derecho por ley. Este año, el Seguro Social publicó que 159 empresarios tenían una deuda de 90 millones de dólares con la institución, un dinero que había sido descontado a los trabajadores de sus salarios.
Ser socialmente responsable es como mínimo honrar las obligaciones con el Estado, para que este pueda invertir más recursos en la gente. A principios de septiembre, el Gobierno anunció una amnistía tributaria para las empresas que tienen deudas con el fisco. En total, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, más de 66,000 empresarios mantienen una mora con el Estado de unos 513 millones de dólares. Hasta inicios de octubre, y pese a la amnistía y las facilidades dadas por el Ejecutivo, este grupo de irresponsables morosos solo había abonado el 0.6% de su deuda, es decir, un poco más de 3 millones de dólares. Por otra parte, no se puede ser responsable con la sociedad salvadoreña cuando el precio de los productos, las formas de pago, las reglas de la contratación de personal y de servicios, y de la compra de productos agropecuarios a productores nacionales los fija, sin dar ningún espacio a la negociación, el comprador.
Para que el discurso de la responsabilidad social empresarial no sea hueco, las grandes empresas deben demostrar un auténtico interés por el país y no solo por sus ganancias corporativas. Deben comenzar por lo elemental: cumplir lo que la ley ordena. De acuerdo al PNUD, la responsabilidad social empresarial debería incluir el compromiso y una verdadera contribución de las empresas con sus empleados, con las familias de estos, con la comunidad local y con la sociedad en general. Las inversiones que hacen las empresas en espectáculos filantrópicos, como la Teletón, son deducibles de los impuestos que pagan al Estado. Ser responsables con El Salvador no es filantropía, no es cuestión de relaciones públicas, ni es hacer publicidad; es ayudar a cambiar las estructuras injustas enquistadas en las leyes, en las instituciones y en los patrones culturales. Es decir, ser responsables con el país es una cuestión de justicia.