Marchar en serio

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia propuso en su Plan El Salvador Seguro, entre otras acciones, la celebración de un día de movilización ciudadana a nivel nacional contra la violencia y la inseguridad. Rápidamente, el presidente, Salvador Sánchez Cerén, canalizó la idea y propuso a la Asamblea Legislativa la designación del 26 de marzo como Día Nacional por la Vida, la Paz y la Justicia, y que se decretara asueto en esta primera ocasión. Asimismo, convocó a toda la población a una gran movilización por la paz y la justicia, y contra la inseguridad, para “demostrarnos y demostrar al mundo que queremos y podemos construir un El Salvador productivo, educado y seguro”.

Según las estadísticas, uno de cada cuatro salvadoreños —aunque con una incidencia mayor entre la población más pobre y vulnerable— no conoce lo que es la seguridad ciudadana. Muchos viven un verdadero calvario a diario. Es frecuente que la pasión de estas familias asediadas por la violencia comience con la exigencia de pagar renta, de la que se derivan largos períodos de tortura psicológica, con amenazas continuas a la vida de uno o más familiares. Esto obliga a continuos cambios de residencia, que en no pocas ocasiones implican el abandono de los estudios y la pérdida del trabajo. Y no son excepcionales los casos en los que, pese a todas las precauciones y sacrificios, finalmente se da el homicidio de alguien de la familia, lo que conduce al exilio de toda o de una buena parte de ella. La ausencia del Estado, la ineficacia de la PNC y de la Fiscalía General dejan a estos salvadoreños en total soledad y desprotección, y provocan que muy pocos denuncien lo que les está ocurriendo, por temor a que la situación empeore. El sufrimiento de estas personas, su impotencia, pero a la vez la fuerza que tienen para seguir adelante escapan a las palabras y desgarran el corazón de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad.

Ante ese calvario diario, la designación de un Día Nacional por la Vida, la Paz y la Justicia tiene sentido si contribuye a crear una cultura de paz, generar más conciencia sobre la gravedad de la situación y emprender acciones para que en El Salvador podamos vivir en paz y con justicia. Los que más anhelan este cambio son los que a diario ven amenazada su vida, no tanto los que viven seguros, los que en poco o nada contribuyen a cambiar la situación, los que no son solidarios con las víctimas de la criminalidad. El jueves 26 debe aprovecharse para dejar claro que hay verdadera voluntad, tanto en el Gobierno como en la población, de buscar medidas reales y efectivas para que la vida sea respetada en nuestro país. Ciertamente, la marcha no resolverá el problema de la inseguridad, pero puede ser un espacio propicio para que todos los sectores de la sociedad, con independencia de ideologías y agendas particulares, asuman el compromiso de hacer frente común al flagelo de la violencia.

En este sentido, a nuestro juicio, habría sido más efectivo que en la convocatoria el protagonismo fuera del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, en el que está representada toda la sociedad, y que la marcha tuviera como finalidad principal exigir que las dependencias del Estado vinculadas a la prevención y la persecución del delito, sin excepción alguna, pongan todos los recursos a su alcance para resolver el problema de la inseguridad. La marcha será útil en la medida en que las instituciones estatales encargadas de velar por la paz, la justicia y la seguridad la entiendan como un claro mandato de la población a cumplir con eficiencia la misión que tienen asignada. Así, debe tener como objetivo apoyar y exigir la puesta en marcha del Plan El Salvador Seguro. Exigir que se busquen los recursos necesarios para implementarlo y evitar que quede engavetado, como ha ocurrido antes con otros documentos de relevancia nacional.

La marcha no puede ser leída como un aval al trabajo gubernamental en materia de seguridad, que hasta la fecha ha dejado mucho que desear, sino como una exigencia de que se hagan realidad las palabras de Sánchez Cerén, cuando dijo que “la seguridad ciudadana constituye una de las grandes prioridades y retos” del Gobierno, porque “es parte del derecho a la vida y condición básica del desarrollo sostenible en nuestra ruta hacia la sociedad del Buen Vivir”. Ese es el verdadero anhelo de los salvadoreños, pero su cumplimiento sigue postergándose, y pareciera que hay muchas fuerzas interesadas en que así sea. Por ello, a pesar de las dudas sobre la convocatoria, la marcha constituye una muy buena oportunidad para que todos los que estamos en contra de la violencia nos unamos para expresar públicamente nuestro deseo de seguridad para toda la población y exijamos, tanto al Estado como a los actores políticos, sociales y económicos, un serio compromiso con la vida, la paz y la justicia en El Salvador.