Más oídos para los que menos tienen

No ha pasado de ser un simple anuncio el impuesto especial para reforzar la seguridad, que en principio afectaría a unos 2,300 contribuyentes naturales o jurídicos cuyo patrimonio está arriba de los 500 mil dólares. Los grandes empresarios han esgrimido muchos argumentos —unos más serios que otros— con el único propósito de no pagar ese impuesto. Todo parece indicar que esta iniciativa tributaria será postergada una vez más; la medida anunciada por el Presidente de la República parece que no será ejecutada porque no cuenta con el beneplácito de los más ricos de El Salvador. Antes de esto, el Gobierno de Mauricio Funes anunció una reforma fiscal que luego pasó a denominarse "pacto fiscal" y que al final no quedó en nada, pues, de nuevo, enfrentó la férrea oposición de la gran empresa privada. Hasta el momento, el Gobierno sigue mimando a la gran empresa y no quiere hacer algo que vaya en contra de su voluntad.

La semana pasada, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe estuvo en nuestro país dictando conferencias precisamente sobre el tema de la seguridad. Recordemos que la idea del impuesto especial fue traída desde Colombia, después de que el presidente Funes realizara una visita oficial a aquel país y se reuniera con el señor Uribe. Los medios de comunicación que difunden la postura de la gran empresa privada han destacado el carácter consultivo que tuvo esa medida en Colombia. Es decir, el presidente Uribe no impuso, sino que consultó y recabó apoyos entre los grandes empresarios de su país. En este sentido, lo que se le reclama al presidente Funes es consenso, una consulta previa antes de implementar medidas de alto impacto.

Pero esta demanda de la gran empresa contrasta radicalmente con su postura en coyunturas pasadas y ante Gobiernos de Arena. ¿Por qué los mismos que hoy reclaman consenso no lo exigieron cuando se aprobó el TLC con Estados Unidos? ¿Por qué los que hoy reclaman ser escuchados guardaron cordial silencio cuando se decretó la dolarización por vía rápida? ¿Por qué los que hoy levantan la bandera de la consulta le tienen tanto miedo al referéndum y al plebiscito, herramientas democráticas por excelencia para la toma de decisiones y la participación ciudadanas?

La respuesta a estas interrogantes es sencilla: cuando se implementan medidas que benefician a las élites y afectan a las grandes mayorías, no hay que consultar con nadie; así sucedió con el TLC, la dolarización y las privatizaciones de los recursos del Estado. Mientras que cuando se trata de una medida que toca los intereses de los más poderosos, como es el caso del impuesto a la seguridad, entonces sí hay que reclamar la consulta.

Esta interesada actitud de las élites del país, además de reflejar una clara hipocresía, es del todo injusta de cara a la situación de las grandes mayorías. En el fondo, la gran empresa privada está convencida de que es el motor de la economía nacional, el único grupo que genera empleo y riqueza, y que, por tanto, debe ser tratado con mucha solicitud y reverencia. Los grandes empresarios olvidan que lo único que agrega valor a las cosas, es decir, lo que genera riqueza, es el trabajo. Es verdad que la empresa privada genera empleos, pero no es cierto que sea la única que produce riqueza en el país. La riqueza que generan los obreros y obreras, los empleados y empleadas aumenta las fortunas de este pequeño grupo de millonarios del país que se niegan a colaborar ante las agobiantes crisis económica y de seguridad que atravesamos.

La semana pasada El Salvador también recibió la visita del expresidente brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva. Entre sus varias alocuciones, Lula le dio el siguiente consejo a Mauricio Funes: "Escuche a los pobres. Ellos deben de ser tratados con especial cariño". El Presidente ha hecho lo que le aconseja Lula, pero ha prestado más oídos a los que más tienen. Si el Gobierno llegara a atender completa y decididamente el consejo de Lula, seguramente las cosas de verdad comenzarían a cambiar en el país.