El viernes pasado insistíamos en la necesidad de enfrentar la violencia. Hoy repetimos el tema. Y le exigimos a la PNC que se tome en serio la situación. En Zaragoza fueron asesinadas cinco personas hace más o menos quince días. La gente de los alrededores sabe básicamente quiénes son los asesinos, pero los hechores no aparecen ni da la impresión de que la PNC investigue o los persiga. Al menos eso es lo que dicen y sienten los ciudadanos de Zaragoza. En el caso de los dos hermanos asesinados cuando discutían vía, se sabe el número de placa del vehículo del que descendió el homicida y se conoce la identidad de una de las personas que viajaba en el interior de dicho carro. Pero no hay nadie detenido todavía cuando se escribe este editorial. No hay disculpas para la ineficiencia. Si el Presidente dijo en su discurso que no había derecho a equivocarse, en estos dos casos la frase es verdaderamente real. No debería ser costoso investigar y no debería haber lentitud en las detenciones.
El último de los dos casos hace además patente la necesaria despistolización de la sociedad. Es algo que muchos deseábamos en la Comisión de Seguridad que formó el presidente Saca durante su mandato, y que desgraciadamente avanzó muy lentamente. Si la portación de armas estuviera prohibida o muy restringida, probablemente los dos hermanos no hubieran muerto. Lo mismo que no hubiera muerto, hace un tiempo, el odontólogo que perseguía a un conductor temerario que había atropellado a su trabajadora. Tener armas en la calle no es más que una irresponsabilidad y una amenaza para la ciudadanía. La portación debe restringirse, y permitirse exclusivamente a quienes trabajen directamente en la seguridad, pública o privada. Y mientras sigamos insistiendo en la estupidez de que hay que dar armas a los buenos ciudadanos, seguiremos viendo con estupor cómo esos supuestos buenos ciudadanos son capaces de asesinar a quien le niega la vía en el tráfico.
En fin, tanto la policía como el Gobierno tienen que moverse con rapidez y con decisiones drásticas. No se pueden dejar en la impunidad crímenes que impactan a la ciudadanía. Y si se trata de una verdadera masacre, brutal y casi pública, como la sufrida en Zaragoza, razón de más para movilizarse inmediatamente y concentrar esfuerzos e investigación sistemática en torno al caso.
En esta casa de radio pensamos que todo el mundo puede equivocarse, tenga derecho o no a hacerlo. Pero lo que realmente no se puede es permanecer impasibles en el error. Y el error enorme y sangrante de la PNC es que puede funcionar bien cuando hay presión sobre ella. Cuando se mata a los pobres o a gente sin influencia, la experiencia que tenemos es que tiende a ser lenta, ineficiente e ineficaz. Y eso cuando hace algo. Porque en ocasiones no hace absolutamente nada. Han pasado exactamente cinco años desde el asesinato de un joven de la UCA, Ismael Orellana; pocos días después mataron a otro, Ernesto Ávila. A ambos los asesinaron delincuentes comunes: a uno mientras viajaba en autobús y al otro cuando esperaba al bus en la parada. A ambos les disparan ante una gran cantidad de testigos y a cara descubierta. Ante estos dos crímenes, la PNC no hizo absolutamente nada. Ni siquiera llamó a los testigos a que identificaran posibles delincuentes comunes de los que se dedican a robar y asaltar buses. Ni muestra fotografías de sospechosos ni hace retrato robot. Nada de nada.
Si el Gobierno del cambio no cambia esta situación, la ciudadanía perderá pronto la esperanza que está poniendo en él. Y si no restringe drásticamente la portación de armas, y castiga con mayor rigor la tenencia ilegal, verá cómo se repiten sistemáticamente las tragedias que hoy lamentamos. Y de nuevo estará en riesgo de perder la oportunidad de realizar uno de los cambios urgentes que necesita El Salvador: cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz.