Medicamentos vencidos

Una de las noticias más alucinantes de la semana pasada, a parte de los homicidios, es la aparición de grandes lotes de medicinas vencidas y ocultadas durante administraciones gubernamentales pasadas en instalaciones del Ministerio de Salud. Medicinas compradas en su mayor parte a negocios vinculados a ex presidentes de Arena. Con el buen tino de siempre, la señora Ministra de Salud puso inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía el hecho, con la seguridad de que tras el mismo se pueden encontrar diversas actuaciones ilegales y, por tanto, delitos.

El hecho es grave, porque se trata de medicamentos comprados para un pueblo que tiene insuficiente acceso a la medicina; adquiridos para un sistema de salud, el del Ministerio, que no da el servicio en medicinas que debiera; y, para colmo de males, compradas tan próximas a expirar que fue imposible darles uso. No se trata, además, de una cantidad pequeña. Entre los varios depósitos de medicina vencida y ocultada se está hablando de 300 toneladas. Si así fuera, estaríamos frente a cerca de un millón de dosis completas en diversos rubros de la salud, que no han podido llegar a un pueblo con necesidades graves en el campo del acceso a medicinas. Y estamos hablando también de una inmensa trama de corrupción, que incluye ocultar —prácticamente, enterrar— medicinas compradas para que nadie se diera cuenta de la estafa que se le estaba haciendo al pueblo salvadoreño y, por ende, al Estado. Todo en favor de quienes nos estaban gobernando y de sus familiares.

No faltan las personas que insisten en que nuestro país necesita, en primer lugar y para despegar económicamente, enfrentar la corrupción. Otros dicen que, aunque es muy importante enfrentarla, hay que darle mayor prioridad a rebajar sustancialmente los índices de violencia. Ambas realidades tienen, sin embargo, raíces muy parecidas, y en el caso de las medicinas vencidas ambos fenómenos, violencia y corrupción, van de la mano.

Efectivamente, comprar medicina vencida, o a punto de vencer, o simplemente comprar medicina y no utilizarla, muestran la insensibilidad de los corruptos, que piensan mucho más en sus ganancias que en ese pueblo que con sus impuestos los mantiene y ha pagado esas medicinas vencidas. Pero este acto de corrupción hace cómplices de homicidios culposos, cuando no dolosos, a los que han participado en el negocio, llámense funcionarios del Ministerio de Salud o dueños y administradores de los negocios de venta de medicinas. Y los convierte en homicidas porque la no utilización de los medicamentos ha sido causa sin duda de la muerte de un buen número de personas empobrecidas que no tenían capacidad de comprar medicina y que habían puesto su última esperanza en el sistema de salud del Ministerio. Corrupción y homicidio van juntos en este caso. Y no es raro, puesto que a los corruptos, con tal de sacar sus negocios adelante, no les importa la vida de la gente. Máxime si los muertos son pobres y nadie va a exigir justicia.

Le queda a la Fiscalía General de la República un enorme desafío. No podemos continuar dejando en la impunidad hechos como este. Estamos seguros de que el Ministerio de Salud, dado el talante ético de quienes lo dirigen, colaborará con todos sus recursos en el establecimiento de la verdad. Es la Fiscalía, entonces, la que debe tipificar bien los delitos, la que debe investigar a fondo, sin reparos y sin miedos a los poderes fácticos, y la que debe llevar a la justicia a los hechores de esta terrible estafa vinculada no sólo a delitos de corrupción, sino incluso de homicidio culposo. Desde esta casa de radio, felicitamos a la doctora María Isabel Rodríguez por la trasparencia con que ha manejado el caso y por el rápido traspaso del mismo a la Fiscalía General de la República. Ojalá todos los funcionarios del Estado actúen con la misma trasparencia, celeridad y responsabilidad con la que ha actuado hoy la Ministra de Salud Pública.