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"Si no hay solución, habrá revolución" es la frase que se está gritando en México y en España, pero que resuena en prácticamente todo el continente latinoamericano. Las banderas de cambio se levantan ante sistemas económicos y decisiones estatales que no logran resolver los graves problemas de la población. Por supuesto, El Salvador no es la excepción. La situación de inseguridad se ha vuelto insoportable y cada vez son más evidentes los signos de desesperación ante la incapacidad de las autoridades de detener la ola de asesinatos. Una desesperación que aumenta la tolerancia ante propuestas y acciones represivas. La cultura de la represión se alimenta de eso: del temor y la desesperación de la gente, de la falta de oportunidades, del desempleo, de la pobreza. Y al final, se termina justificando la militarización como respuesta a la crisis de seguridad. Con ello, se ataca la consecuencia, no la raíz del problema. De la omisión del Estado de cumplir con sus obligaciones se pasa a la criminalización de los marginados. Por supuesto, esto viene acompañado por una campaña en los medios de comunicación masiva que plantea tal clima de terror que fácilmente se justifica el abuso de autoridad por parte de policías y militares.
La semana pasada, 48 diputados aprobaron una reforma al artículo 331 del Código Procesal Penal, de modo que ciudadanos, policías y agentes de los Cuerpos de Agentes Metropolitanos (CAM) no vayan a la cárcel en caso de matar en defensa propia. Pero esta es solo la primera de varias medidas que han sido propuestas. Entre ellas, destaca decretar el estado de sitio en localidades específicas, a fin de suspender las garantías constitucionales de sus habitantes para agilizar detenciones y allanamientos, y para poner a la orden de los jueces a todo el que se considere esté involucrado en la delincuencia. Además, se ha propuesto entender como terroristas a los pandilleros para que sean juzgados como tales y se ha anunciado que se retomará la discusión de implementar la pena de muerte. De esta manera, el grito que se enarbola en México y en España se traduce en El Salvador como "si no hay solución, habrá más represión". Es decir, volvemos a la conocida —y fracasada— mano dura.
Aprovechar la desesperación para proponer medidas autoritarias y peligrosas que cuentan con el respaldo y la aceptación de grandes sectores de la población es, en el fondo, jugar con las necesidades y el sufrimiento, y buscar ganancias electorales. Porque los diputados que creen o quieren hacer creer que con el endurecimiento de las leyes se controlará la delincuencia deben saber que eso nunca ha sido cierto. Al contrario, las medidas represivas solamente empeoran la situación: la violencia engendra violencia. Pero esta enseñanza universal no cabe en las estrechas mentes de diputados, oportunistas y militaristas que solo tienen imaginación para la violencia y que pretenden administrar el infierno. Y de esto hay que esperar más, sobre todo ante el anuncio de oficiales de la vieja guardia que ahora quieren incursionar en la política para seguir proponiendo medidas fracasadas.
El informe sobre seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe del PNUD constató en 2013 lo que ya sabemos por experiencia propia en El Salvador: "Las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito. También han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano". Por contrapartida, en abril de este año, el PNUD realizó en el país el foro denominado "Experiencias y buenas prácticas sobre seguridad ciudadana. Lecciones y desafíos para El Salvador". En el evento se compartieron experiencias exitosas de seguridad ciudadana implementadas en ciudades de Brasil, España, Estados Unidos, México, Nicaragua y Colombia. La conclusión del foro también fue unánime: la violencia y el problema de la inseguridad tienen solución. Y esta se encuentra al centrar todas las medidas en la persona, implementar estrategias de prevención y promover un diálogo orientado a la construcción de una visión compartida sobre el problema y sobre los acuerdos necesarios para la implementación de planes, la reconstrucción del tejido social y el desarrollo de las capacidades institucionales.
En la UCA sabemos que oponerse a medidas represivas no es popular en estos tiempos. Las redes sociales y los espacios de opinión desbordan de un ánimo solo propicio para el linchamiento y la ejecución sumaria. Sin embargo, no nos cansaremos de insistir en que la represión no es la solución a esta terrible problemática, porque la historia y la experiencia lo han demostrado. Por el bien de tanta gente que sufre la violencia, hay que abandonar acciones populistas fracasadas, y buscar propuestas integrales que ataquen de raíz las causas del fenómeno.
