Medios contra jueces

El mayor afán de los delincuentes es siempre que nadie se entere de sus crímenes, o al menos de que ellos son los autores. Y si pueden esconderse mientras pasa el tiempo de la prescripción del delito, lo hacen. Confían que el tiempo hará que todo se olvide y que la vida siga como si no hubiese pasado nada. Ellos mismos construyen una especie de coartada y explicación para sus crímenes, y no dudan en presentarse como personas honradas. Normalmente, incluso se creen sus propias explicaciones y viven sin tensión la vida de apariencia social correcta y el recuerdo de sus diversos crímenes. Cuando las instituciones son débiles, la frase más querida de estos delincuentes es la de afirmar que son inocentes mientras los sistemas de justicia —débiles y con frecuencia afectados por la corrupción— no demuestren lo contrario. Y, por supuesto, los operadores de justicia no demuestran nada, o casi nada.

En este contexto, no es extraño que los medios de comunicación ataquen a los operadores del sector justicia. Pero cuando los medios atacan al sistema de justicia por su debilidad, los jueces tienden a contestar, como lo han hecho en El Salvador, diciendo que la prensa escrita o hablada es su mayor enemigo. Cosa que no es cierta, pero que hace que los medios se indispongan todavía más con los jueces. Dos fuerzas, el sistema de justicia y los medios de comunicación, que deberían trabajar juntos en favor de construir una cultura de paz y erradicar la corrupción y la impunidad, de repente aparecen enfrentadas. Debemos suponer que ningún demócrata ni ninguna persona interesada en el bien común se alegra por esa confrontación. Como también podemos suponer que los criminales, delincuentes, corruptos, traficantes de personas o de drogas están felices con ese enfrentamiento que le quita fuerza tanto a los operadores del sistema de justicia como a lo propios medios.

Frente a esta situación, tanto los medios como los operadores del sistema judicial deben iniciar un proceso de reflexión responsable. En primer lugar, tienen que aceptar que no son enemigos, sino fuerzas complementarias en la búsqueda del bien común. Si no aceptan eso pronto, radicalmente y con claridad, nuestra situación de delincuencia y violencia seguirá volviéndose más crítica. Y la responsabilidad será, entre otros, de ambos grupos.

En segundo lugar, ambas partes deben reconocer sus propios errores y limitaciones. Los periodistas tienen que aceptar que tienen muy poca idea de cómo impulsar una cultura de paz. Y que desconocen, además, muchos de los aspectos técnicos de la investigación policial y de los mecanismos legales con los que forzosamente deben operar los jueces. En general, los periodistas deben esforzarse por ser más serios en su conocimiento de la realidad. Tener un barniz superficial de conocimiento en base a consultas de Internet y creerse técnico en todos los saberes no es el mejor punto de partida para informar con seriedad al público. Y que hay periodistas que se creen una especie de supremos gurús del pensamiento crítico es también evidente cuando leemos nuestros periódicos. Aunque ciertos periodistas han hecho grandes aportes a la investigación de algunos escándalos, no pueden creerse los máximos ni los únicos capaces de investigar y de tratar problemas complejos. Deben consultar mucho más para no caer en una superficialidad que en nada abona a la solución de los problemas.

Por su parte, jueces, fiscales y policías tienden a vivir encerrados en sus estrechos marcos legales, alejados de las preocupaciones ciudadanas, a pesar de que las reciben continuamente como reclamos o como presiones. Muchos no cuentan con los medios necesarios para enfrentar a la delincuencia, más poderosa que ellos en muchos aspectos. Otros están sumergidos en una estrechez de miras y de marcos legales que les hacen sumamente ineficientes. Creerse perfectos, únicos representantes de la legalidad, inmunes al juicio público, ajenos a indicadores que les puedan decir si las cosas van a mejor o a peor, es con frecuencia un grave error de los operadores del sector justicia.

Ante esto, nada más indispensable que el diálogo de los medios con los operadores de justicia. Transparencia de los operadores en sus acciones y decisiones, espíritu de colaboración en los medios, capacidad de asumir denuncias y críticas cuando sean justas son tareas indispensables en este diálogo. Y también capacidad de los medios de asumir decisiones judiciales que, aunque les sean desfavorables, no constituyen una amenaza total a la libertad de prensa, como a veces gustan decir en los tabloides cada vez que se les contradice. Sin diálogo, tolerancia y cooperación entre quienes son fuerzas de convivencia pacífica, la violencia tiene más puntos a su favor. Por eso, en medio de las actuales polémicas entre medios y jueces, una llamada a la reflexión y al diálogo es necesaria.