Mentira sobre mentira

El tiempo pone cada cosa en su lugar. Y en la esfera política nacional, las aguas están retornando a su cauce de siempre. Durante años, los partidos de derecha evadieron justificar por qué no daban sus votos para aprobar una ley general del agua y para declarar a esta un derecho humano. Ahora que tienen la correlación de fuerzas a su favor, develan sus verdaderos propósitos. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa decidió tomar como base de discusión la propuesta de ley del agua que Arena, PCN, GANA y PDC presentaron en junio del año pasado. Además, ante la solicitud de una audiencia por parte de la UCA y del arzobispo de San Salvador para dar su postura sobre lo que El Salvador necesita en materia de legislación hídrica, los partidos dijeron que no era necesario porque ya antes los habían recibido.

Los diputados y diputadas mienten. Mienten porque la propuesta de la Ley Integral del Agua no fue hecha por un partido de derecha, como afirmó en la Comisión un neófito en la Asamblea. Fue elaborada, como se dijo cuando se presentó, por un “comité de técnicos expertos”, conformado por personas escogidas por la gran empresa privada. Además, mienten al decir que ya recibieron en varias ocasiones a los peticionarios de la audiencia. Ciertamente, representantes de la UCA se reunieron un par de veces con la Comisión, pero el titular de la arquidiócesis de San Salvador nunca ha sido recibido en el seno de la misma. Es la primera vez que el arzobispo solicitaba ser escuchado por ellos.

También mienten cuando dicen que esta casa de estudios ha sido partícipe del proceso de discusión de los contenidos de la propuesta de ley. Los legisladores han tomado de la propuesta de la Iglesia, las organizaciones sociales y la UCA algunos insumos, pero los menos determinantes. Han retomado el nombre de la autoridad hídrica, pero no la propuesta de integrantes. Es más, la inhabilitación de funcionarios del Estado para integrar la autoridad hídrica contradice la propuesta de las organizaciones y va en contra del principio fundamental de que el Estado debe decidir sobre los asuntos del agua en el país.

Y los diputados no solo mienten, sino que también traicionan a la mayoría de la población que ha expresado que el ente rector del agua debe ser estatal, no privado. En la encuesta de mayo de 2017 del Iudop, el 98.6% de la población manifestó que la ley debe garantizar el derecho humano al agua de toda la población. Y en la de diciembre del mismo año, 72 de cada 100 encuestados dijo que el ente rector del agua debe estar en manos del Estado. Sin embargo, los diputados de derecha de la Comisión acordaron tomar como base la propuesta de ley de la gran empresa, que pretende que el ente rector del agua esté integrado por cinco miembros: dos nombrados por la ANEP; dos, por Comures; y uno, por el Presidente de la República. Evidentemente, esto sería equivalente a que el lobo cuide de las ovejas. Por ello es que mucha gente está hablando de privatización del agua, aunque Arena diga lo contrario. Los diputados están haciendo la plana que les han puesto.

Las decisiones que se están tomando en torno al agua hay que ubicarlas en el contexto de la recuperación de la hegemonía política por parte de la derecha encabezada por Arena, el partido comprometido con un neoliberalismo que ha traído enormes beneficios para los grandes empresarios y que ha sido muy dañino para la población. El modelo que implementó Arena y que el FMLN fue incapaz de desmontar ha concentrado la riqueza en pocas manos y profundizado la desigualdad. Ahora los diputados desnudan de lo que están hechos, porque lo que define a los funcionarios son sus actos, no los discursos.

Marginar y despreciar porque ahora tienen el poder de decidir no hace fuertes a los diputados de derecha, ni más poderosos o superiores. Los convierte en miserables. Porque un servidor público debe tratar de hacer lo que beneficia a la mayoría de la población. Eso es democracia y coherencia. Someterse a la voluntad de los más ricos es servilismo. Por este tipo de conductas la mayoría de la población ya no cree en los políticos ni en los partidos. Y lo que pretenden hacer con el derecho humano al agua, estamos seguros, los hundirá más. Los diputados de Arena y sus acompañantes subestiman a la gente que se opone a una ley que posibilite la privatización del agua. Deberían de aprender del mensaje enviado por la ciudadanía el 4 de marzo; viendo hacia Nicaragua o Guatemala, deberían de tomar nota de lo que es capaz la indignación popular.