Ministro militar

El presidente Funes ha optado por nombrar a un militar al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ha sido poco responsable que la institución que lidera la lucha contra lo que la gente siente como la mayor dificultad de El Salvador, la violencia, haya estado quince días sin Ministro. Es como si uno de los países europeos en seria crisis económica se diera el lujo de aceptar la dimisión del ministro de economía y tardara 15 días en nombrar al nuevo. El Gobierno ha dado muestras con este procedimiento de un estilo no digno de una democracia desarrollada. Tampoco ha sido digno de la democracia que el debate previo al nombramiento se haya llevado de parte de la Presidencia con argumentos tan pobres como el de "nada me prohíbe nombrar un militar" o, lo que es peor, acudiendo a llamar miopes a todos los que no piensan como Mauricio Funes.

Pero más allá de la forma con que se ha llevado el proceso de cambio en la institución, es todavía más negativo el hecho de nombrar a un militar al frente de ella. Para empezar, conviene recordar que este ministerio es el encargado de la justicia y la seguridad pública, no del monopolio de la fuerza bruta. Si un militar no es por definición la persona más capacitada para cuidar la seguridad ciudadana, el tema de la justicia, que aparece al menos como prioritario en el nombre del Ministerio, está todavía más alejado de la función militar. Están todavía frescos los tiempos en que la seguridad ciudadana se confundía con la seguridad nacional. Y todos sabemos la enorme cantidad de crímenes cometidos por los ejércitos latinoamericanos en base a esa doctrina de la seguridad nacional. Aunque estamos convencidos de que el general Munguía Payés no es partidario de dicha doctrina, su presencia en la seguridad pública puede abonar a la confusión. Y más en El Salvador, donde todavía hay muchas personas que confunden ambos temas. La propia OEA y la ONU recomiendan separar las funciones militares de las policiales. Pero las recomendaciones de estas instituciones nunca han tenido demasiada consideración en nuestro país.

Mauricio Funes, que llegó al poder manifestándose como un fuerte partidario de la democracia y el diálogo con la ciudadanía, es el primer presidente que tras los Acuerdos de Paz tiene a dos generales —aunque uno esté retirado— en su gabinete de gobierno. El Salvador necesita desmilitarizarse mentalmente, pues tiene cuentas pendientes con las filas castrenses, que todavía siguen llamando héroe públicamente al comandante del Atlacatl bajo cuyo mando se cometieron varias masacres. ¿Ayudará tener dos generales en el Gobierno para que los militares reconozcan los crímenes institucionales cometidos durante la guerra? Si el presidente Funes hubiera puesto como Ministro de Defensa a un civil, tal vez se pudiera pasar por alto el error cometido en Justicia y Seguridad Pública. A pesar de la legitimidad que le dieron las elecciones, parece que la presidencia necesita el ruido de sables a su alrededor.

Para rematar el asunto, la impresión que la ciudadanía recibe es que la seguridad se va a tratar desde el aspecto prioritario de la represión del crimen, pues los militares están preparados para combatir con la fuerza al enemigo, y no para prevenir el crimen, investigar y mejorar la colaboración de la ciudadanía en la prevención del delito. Y, ciertamente, no tienen en cuenta otros factores productores de criminalidad: las fuertes desigualdades económico-sociales, los contrastes entre pobreza extrema y riqueza manirrota e irresponsable. Militares retirados están en el comercio de armas, que abundan demasiado en la calle, y son enemigos de políticas adecuadas para retirarlas. Y en un ministerio de justicia es lamentable que el titular no tenga ideas claras sobre cómo revisar y corregir la institucionalidad floja y deficiente de la fiscalía y el sistema judicial. La mano dura no ha dado resultado en ninguno de los países en que se ha aplicado, incluido el nuestro. Y lo sabe de sobra un Gobierno que entró prometiendo cambios estructurales en el campo económico y social.

Poner un militar al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública o delata el deseo de corregir mediáticamente la ineficacia de las políticas públicas de seguridad, o implica un rumbo hacia la mano dura como solución a un problema que tiene demasiadas raíces estructurales. Un problema que, por tanto, no desaparecerá mientras no se haga un trabajo serio de desarrollo económico-social, no se reformen las instituciones del sector justicia y no se especialice a la Policía en ser lo que es: una institución civil al servicio de la prevención del delito, de la investigación del mismo, de la colaboración con la justicia y de la convivencia pacífica ciudadana.