Ni ahora ni nunca

Como ya hemos afirmado antes, el último informe del PNUD sobre desarrollo humano en El Salvador nos hizo poner los pies en la tierra: somos un país que ha avanzado muy poco en la lucha contra la exclusión social y económica. La pobreza en la que vive más de la tercera parte de las familias salvadoreñas y cerca de la mitad de la población hace urgente una profunda reforma fiscal que ataque de frente este problema que venimos arrastrando desde hace décadas. Es en este contexto que se debe ubicar el tema del pacto fiscal, tan discutido en los últimos días, sobre todo por el retiro de la empresa privada del Consejo Económico y Social.

En términos generales, los empresarios sostienen que el Ejecutivo no persigue un pacto fiscal porque tiene bajo el brazo una propuesta de aumento de impuestos, y eso ya no es un pacto sino una reforma tributaria. Siendo así, dicen los empresarios, el lugar idóneo para la discusión no es el Consejo Económico y Social, sino la Asamblea Legislativa. Según la empresa privada, aceptar la propuesta del Gobierno de discutir la cuestión en el Consejo es prestarse a una manipulación. Según el Ejecutivo, que la discusión se traslade a la Asamblea significará aceptar que no habrá reforma fiscal pronto, porque ningún partido político querrá pagar costos políticos en tiempos electorales. Estos dimes y diretes han acaparado la atención de la agenda pública hasta el grado de que el arzobispo de San Salvador, monseñor Escobar Alas, ha pedido el diálogo sensato en el asunto.

Más allá de los argumentos específicos de los empresarios y las reacciones del Gobierno, debemos echar un vistazo al trasfondo de estas posturas. Para la gran empresa privada, el problema en El Salvador no es la desigualdad, sino la pobreza. No se trata, según esta visión, de quitar a los ricos para dar a los pobres, sino de generar condiciones desde todos los sectores para que exista un círculo virtuoso que potencie la economía de mercado. No debemos fijarnos en que unos pocos tienen mucho y muchos no tienen casi nada, dicen, sino en ayudar a los de escasos recursos apoyando a los empresarios para que generen empleos e inversión. Esta postura la refuerzan diciendo que es un mito que los empresarios no contribuyan con el país. Según ellos, mediante sus empresas, son el sector que más ayuda a El Salvador, y lo demuestran con las cantidades que aportan al fisco año con año.

Lo que se les olvida a los empresarios es lo que algunos de ellos no pagan por evasión fiscal, que según un cálculo reciente sumó más de 9 mil millones de dólares para el período 2001-2009. La renuencia a sacrificar beneficios obedece a la ley de oro de todo empresario: reducir costos y maximizar las ganancias. Y, para ellos, colaborar con el país representa un costo. Nunca se ha escuchado a un gran empresario decir que es buen tiempo para aumentar los impuestos o los salarios de sus empleados. Por este tipo de actitudes mezquinas y por la complicidad de los Gobiernos anteriores es que podemos entender las palabras del informe del PNUD, en su sección IV: "El Salvador no ha podido construir hasta ahora una economía al servicio de la gente".

Ni antes de la guerra, cuando la economía salvadoreña giraba en torno al café, la caña y el algodón, ni en la actualidad, cuando la agricultura está prácticamente perdida y los bancos y los grandes centros comerciales se levantan donde antes florecían los cafetales, los empresarios han estado dispuestos a sacrificar sus márgenes de ganancia. Ni durante el siglo pasado, cuando 14 familias dominaban el país, ni hoy, cuando un cerrado y poderoso grupo de empresarios determina en gran medida la lógica de la economía, la empresa privada ha mostrado solidaridad con el pueblo que sufre. Los niveles de avaricia y voracidad de los que tienen mayor poder económico alcanzan límites escandalosos en nuestro país.

Lo que está claro es que El Salvador necesita urgentemente una profunda reforma fiscal que posibilite una mayor y significativa inversión social. La actitud de los empresarios, hasta este momento, sigue siendo la misma de siempre. Queda por verse si este Gobierno se distingue de los anteriores o sigue favoreciendo unas dinámicas económicas y de privilegio que profundizan la desigualdad.