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Los desafueros hoy están de moda, pero no han sido frecuentes en la historia de nuestro país. Entre los antecedentes está el caso de Roberto Carlos Silva, diputado suplente del PCN, acusado en 2006 de lavado de dinero y que ahora guarda prisión en Estados Unidos. El mismo año se desaforó a Mario Osorto, diputado de Arena en el Parlacen, por actos de corrupción en contubernio con el diputado Silva. En 2012, el diputado de GANA Rodrigo Samayoa fue desaforado por violencia familiar, aunque ya se reintegró a la Asamblea Legislativa. Y el 3 de julio pasado fue el turno de la diputada de Arena Ana Vilma de Escobar, demandada por el expresidente Funes por sus declaraciones sobre el ya famoso accidente de un Ferrari, ocurrido el 18 de febrero en el redondel Masferrer de la colonia Escalón.
A diferencia de los casos precedentes, en el de la diputada, la noticia ha sido el desafuero en sí mismo y ha pasado a un plano secundario el motivo que llevó a 45 diputados a votar a favor de desaforarla por los presuntos delitos de difamación y calumnia. Los medios de comunicación ligados al partido de la legisladora han calificado la decisión legislativa como un acontecimiento de grandes dimensiones y consecuencias para el país. "Atentado contra la libertad de expresión" y "Golpe a la democracia" han sido dos de las expresiones usadas para titular la noticia. ¿Es realmente el desafuero a la diputada De Escobar lo que dicen los grandes medios y los voceros del partido de derecha? ¿Han quedado comprometidas la democracia y la libertad de expresión? ¿En serio piensan que con este acto se vislumbra el comienzo de una práctica sistemática de intolerancia a la crítica? Algunos opinadores han afirmado que el FMLN le ha regalado una mártir a la derecha, asumiendo que se trata de un acto de persecución política en contra de una personalidad de la oposición con un significativo respaldo popular. Dejan de lado el motivo que ha llevado al desafuero.
Quienes afirman que De Escobar solo dio su opinión sobre el accidente de tránsito y solo pretendió alertar a la Fiscalía no están siendo fieles a la verdad. Toda persona que escuchó o leyó las declaraciones de la diputada de Arena en aquellos días sabe que lo que expresó no fueron simples opiniones, sino afirmaciones tajantes en contra del entonces Presidente. Entre otras cosas, la diputada dijo que "el Presidente viajaba en el vehículo accidentado" y que "para nadie es un secreto que el Presidente lleva una vida desordenada, que consume alcohol y otras sustancias". Declaró también que "el Presidente no pudo ser intervenido de inmediato debido a los niveles de alcohol u otras sustancias que había consumido". Estas declaraciones, vistas desde los ojos de alguien neutral, no son simples opiniones, sino acusaciones muy serias que deben ser aclaradas. De esto poco se ha dicho, porque, como ya se citó, el énfasis ha sido puesto en pintar el desafuero como un acto de injusticia y de persecución política, como un atentado contra El Salvador.
Un desafuero no es ningún atentado contra la democracia o contra la libertad de expresión, sino una oportunidad para que funcione la justicia. Si no hubiera posibilidad de desafuero, el mensaje que se mandaría a la población es que los diputados pueden hacer o decir lo que les dé la gana sin ninguna consecuencia, aunque al hacerlo dañen la integridad física o moral de las personas. Es decir, sin posibilidad de desafuero, la inmunidad se convierte en impunidad, como ha sucedido en otras ocasiones, aunque de por medio haya existido una agresión con arma de fuego contra una agente de la Policía. Argumentar que las acusaciones fueron hechas en un ambiente de campaña electoral, al calor de la competencia, en lugar de restar responsabilidades compromete más la credibilidad de la clase política que dirige los destinos del país.
El desafuero no debe ser visto como noticia de quebrantos, sino como oportunidad para que la diputada demuestre en los tribunales que no cometió el delito que se le atribuye. Para esto, hay dos caminos: demostrar legalmente que no se calumnió y difamó, o demostrar con pruebas que lo que dijo sobre Mauricio Funes es la verdad. En ambos casos, independientemente de quién sea el afectado, no se atenta contra la democracia ni contra la libertad de expresión; por el contrario, ambas saldrían fortalecidas. Existe también la posibilidad de la conciliación, que pondría en entredicho a Funes y a De Escobar, e impediría conocer la verdad.
En este escenario, no hay que perder de vista tres principios democráticos. Uno, la justicia debe prevalecer; dos, nadie puede estar por encima de la ley, independientemente del cargo que se desempeñe; y tres, toda persona acusada es considerada inocente mientras no se demuestre lo contrario. Este último principio debe ser aplicado tanto a la diputada como a quien ella acusó con sus declaraciones.
