Nicaragua está de luto a raíz de la represión indiscriminada contra las recientes protestas impulsadas por estudiantes universitarios, que han dicho basta al autoritarismo, corrupción y abusos del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hasta el momento, la represión ha causado, según el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, 25 fallecidos, decenas de heridos y numerosos detenidos. Esta violencia irracional ha provenido de las unidades antimotines de la Policía y, sobre todo, de grupos de choque integrados por jóvenes afines al régimen de Ortega.
Las protestas iniciaron ante el decreto presidencial que, a fin de salvar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, incrementó las cotizaciones al sistema de pensiones tanto para los trabajadores como para la patronal, disminuyó en un 5% las pensiones de los actuales jubilados y en un 10% la de los futuros. Pero esta no fue más que la gota que colmó el vaso del cansancio de la población ante un régimen corrupto que ha ido eliminando la democracia y que cada vez ejerce el poder con mayor autoritarismo. De hecho, la ruina del Instituto se debe a la mala administración y a que está siendo saqueado desde la época de Arnoldo Alemán.
El deterioro del sistema democrático en Nicaragua es evidente. Desde que retornó al poder en 2007, Daniel Ortega se ha reelegido en abierta violación a la Constitución nicaragüense. Además, para asegurar su triunfo en los comicios, Ortega ha recurrido repetidamente al fraude electoral y ha sometido al Consejo Supremo Electoral a sus intereses, restándole toda credibilidad entre la población. Y para evitar tener contrincantes que pusieran en riesgo su reelección, Ortega llegó al extremo de quitarle la personería jurídica a todo partido opositor con posibilidad de ganar en las urnas.
Las mismas irregularidades se han dado en las elecciones de la Asamblea Nacional, controlada por los seguidores del régimen después de continuados fraudes. Para cerrar el círculo del poder total y absoluto, Ortega y Murillo también tienen bajo su control al órgano judicial (por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia permanecen en sus cargos desde hace varios lustros de manera inconstitucional), la Policía, el Ejército, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General, imponiendo un régimen de impunidad total.
Así pues, la reforma al sistema de pensiones solo fue el detonante de un malestar acumulado por largos años. Un malestar por la falta de democracia y el irrespeto a la voluntad popular y a la ley. Por la violación a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Por la represión contra el movimiento campesino surgido en defensa de sus tierras ante el malhadado plan de construir un canal interoceánico. Por el regreso del latifundio y el monocultivo en un país que fue ejemplo de reforma agraria. Por la indiscriminada explotación maderera de las reservas naturales. Por el uso patrimonial del Estado. Por el control de la información y de los medios de comunicación por parte de la familia Ortega Murillo. Por el enriquecimiento exorbitante de algunos fieles funcionarios orteguistas mientras gran parte de la población sigue en la pobreza y luchando a diario por sobrevivir.
A pesar de que, forzado por las circunstancias, Daniel Ortega dio marcha atrás a las reformas y ofreció un espacio de diálogo a los empresarios, multitudinarias manifestaciones marcharon pacíficamente el lunes 23 de abril en rechazo a lo ocurrido en los días previos y sumándose a la lucha de los estudiantes. Por dicha, y porque los ojos de la comunidad internacional están puestos en Nicaragua, la concentración fue respetada por el Gobierno. Ojalá ello sea un signo de cambio y de respeto a una población que desea paz, justicia y libertad, valores que un día fueron parte de la Revolución sandinista, hoy traicionada por los Ortega Murillo y sus seguidores.