La crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en abril de 2018 dejó, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 asesinados, aunque los organismos locales fijan la cifra en 684; el Gobierno de Ortega-Murillo solo reconoce 200. Luego se desató una avalancha de violaciones a derechos humanos elementales, especialmente entre quienes cuestionan la legitimidad del régimen. Desde entonces, el Gobierno ha cerrado más de un millar de organizaciones y asociaciones civiles, entre las que se cuentan la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Asociación de Otorrinolaringología, la Operación Sonrisa (dedicada a operar el labio leporino de niños de escasos recursos) y el Instituto Juan XXIII (dedicado a construir viviendas y apoyar a familias pobres). También cerró 23 medios de comunicación; ha dejado al país sin periódicos impresos al impedir la importación de papel; y ordenó la confiscación de frecuencias, edificios y equipos de los medios independiente Confidencial, 100% Noticias y La Prensa.
Ha cancelado a los partidos de la oposición y enviado a prisión a sus adversarios a través de juicios escandalosamente amañados. En el afán de eliminar toda voz no oficialista, emprendió una campaña contra miembros de la Iglesia católica. En marzo de este año, expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw. En julio, expulsó a las Misioneras de la Caridad, congregración fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Y en medio de un clima de agresiones contra templos católicos y tras varios días de acoso policial, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quedó arrestado el 4 de agosto en su sede episcopal junto a otros cinco sacerdotes y seis colaboradores, acusados de “instigar al odio” y “organizar a grupos violentos”. El 15 de agosto, el orteguismo arrestó al sacerdote Óscar Danilo Benavidez, párroco del municipio de Mulukukú. Además, el régimen ha arrestado a empresarios que dirigían el Consejo Superior de la Empresa Privada, ha prohibido procesiones religiosas y usurpó la sede en el país de la Organización de Estados Americanos.
En el vecino país está prohibido disentir. Quienes lo hicieron están desterrados, encerrados o enterrados. Empujado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua se hunde en una dinámica dictatorial que nada envidia al somocismo. Desde la acera de enfrente, Nayib Bukele toma nota.