No a la minería metálica

Muchas veces se ha dicho en el país, especialmente de parte de las empresas mineras internacionales y sus aliados locales, que la minería metálica cuenta con el apoyo de las comunidades en las que podría desarrollarse, ya que produciría grandes beneficios para las mismas. Con el fin de conocer a ciencia cierta cuál es el sentir y el pensar de la gente que podría verse afectada por la industria, la UCA, a través del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), realizó una encuesta de opinión pública a 1,220 habitantes de los 23 municipios en los que se ha autorizado la exploración minera. Los resultados del sondeo desmienten el presunto apoyo.

El rechazo de la población a la minería metálica es mayoritario: ocho de cada diez encuestados consideran que El Salvador no reúne las condiciones para este tipo de actividad; el 76% manifiesta estar en desacuerdo en que se desarrollen proyectos de minería metálica en sus municipios; y el 77% está a favor de que se prohíba definitivamente la minería metálica en el territorio nacional. Además, el 86.5% no desea trabajar en una mina y el 75.7% está convencido de que las minas afectan mucho la salud de quienes viven a sus alrededores. Por otra parte, la población está consciente de que esta industria no traería desarrollo económico para los municipios ni crearía fuentes de empleo suficientes. Por el contrario, siete de cada diez personas opinan que la minería causaría daños importantes a la vida silvestre, los bosques, el agua e incluso a la agricultura y la ganadería, provocando así un impacto económico negativo en sus territorios. La población tampoco cree que los beneficios de la minería metálica serán para las zonas donde se desarrolle: el 98% considera que las ganancias de la industria son mayoritariamente para las empresas y el Estado, mientras que solo el 1.7% considera que estas ganancias beneficiarán a los trabajadores.

Por supuesto, el resultado de la encuesta habría sido diferente si la muestra hubiese sido nacional, pues suele pasar que quienes no se ven amenazados o afectados por una situación la perciben y valoran más fríamente, incluso con indiferencia. En este sentido, conocer lo que piensa la gente de las comunidades que podría verse perjudicada por la minería metálica es de justicia; y es un deber del Estado tener en cuenta esa opinión por encima de la de otros actores y sectores, pues los posibles afectados tienen más peso y la responsabilidad con ellos debe ser mayor. Está fuera de duda que la minería metálica a cielo abierto es una de las actividades que más destruyen un ecosistema, pues requiere mover grandes cantidades de tierra, con la consiguiente deforestación, destrucción de tierras cultivables y profunda alteración del equilibrio ecológico. Además, dado que los metales están mezclados con la tierra, para separarlos es necesario aplicar procedimientos químicos que requieren grandes cantidades de agua y contaminan los mantos acuíferos y el suelo.

La supuesta minería verde, que algunos han abanderado ante las críticas y reparos medioambientales, es imposible en la práctica, es una mentira que ya ha sido desenmascarada globalmente, y más bien responde a una estrategia de las empresas mineras para ganarse la anuencia de la población. Con toda propiedad se puede decir que la minería metálica es una actividad incompatible con el medioambiente y solo puede justificarse por el lucro económico que representa para las compañías que se dedican a ella. La minería a cielo abierto, en búsqueda de metales como el oro y la plata, es fuente de enriquecimiento privado y de especulación mercantil; es una de las actividades a las que hace referencia la encíclica Laudato si, en las cuales prima el afán de lucro por encima del bien común y con independencia del daño que provocan a las personas y a la casa común de la humanidad.

El contundente resultado de la encuesta, un tajante rechazo a la minería metálica expresado por los habitantes de los municipios afectados, debe ser escuchado y tomado en cuenta tanto por el Gobierno como por la Asamblea Legislativa. Es hora de atender a la población y responder a sus demandas. No se puede seguir coqueteando con la idea de que la minería metálica es una opción de desarrollo para El Salvador. Es urgente que se apruebe una ley que la prohíba. Sin duda, eso dará seguridad a la población y protegerá al país ante litigios como los que las voraces empresas mineras han puesto contra el Estado, exigiendo concesiones para la explotación minera.