Nueva vieja propuesta

Muy raras veces los diputados de derecha han recibido con beneplácito una iniciativa de ley del Gobierno del FMLN. El martes 3 de julio, la Ministra de Economía y el Vicepresidente presentaron en la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley de Zonas Económicas Especiales. Prácticamente todos los diputados de la Comisión de Economía dieron su firma y se comprometieron a trabajar para que la pieza de correspondencia entre al pleno legislativo en la próxima sesión y la Ley sea aprobada. El entusiasmo no es gratuito.

En el Enade de 2014, la ANEP presentó, como propuesta de país, una iniciativa similar, que no solo no tuvo eco, sino que fue rechazada incluso por economistas conservadores, que la calificaron como absurda por pretender instaurar una especie de pequeños Estados dentro del salvadoreño. De acuerdo a la Ministra de Economía, su propuesta es distinta a la de la ANEP porque no deja en manos de particulares, sean transnacionales o nacionales, la soberanía de un territorio, sino que el Estado salvadoreño se encargará de determinar las reglas de su funcionamiento. La propuesta incluye a 25 municipios de tres departamentos costeños del oriente del país: Usulután, San Miguel y La Unión.

Las zonas especiales de desarrollo están inspiradas en las ciudades modelo o charter cities de Hong Kong y Singapur, dos gigantes del crecimiento asiático, y tienen a la base la teoría de que el atraso de países como el nuestro se debe a que las leyes nacionales obstaculizan las inversiones y desincentivan las iniciativas productivas. Por eso, se propone crear zonas que se rijan por leyes propias que atraigan la inversión. Es decir, las ciudades chárter son zonas autónomas que tienen su propia legislación, orientada al comercio, las finanzas y los negocios. Las buenas leyes, en esta concepción, son las que exoneran de impuestos a los inversionistas.

El proyecto presentado por el Gobierno contempla exención de impuestos sobre la renta, el IVA, la importación de maquinaria y equipo, materias primas y suministros, combustibles y lubricantes para las empresas que operen en las zonas económicas especiales (art. 31). También quedarán libres de impuestos la adquisición de bienes inmuebles que se utilicen para la actividad productiva (art. 32) y los bienes y servicios necesarios para la actividad de las empresas (art. 33). Además, los inversionistas o “desarrolladores”, como se les llama en la Ley, no pagarán tributos municipales por 25 años, tendrán exención del 70% de esos gravámenes durante los 5 años siguientes y del 50% de ahí en adelante. Algo semejante pasará con el impuesto sobre la renta.

Hay razón, pues, para que la derecha, partidaria, defensora y promotora de los intereses de la gran empresa privada, apoye con prontitud esta iniciativa. Evidentemente, la generación de empleo en un país en el que más de la mitad de la población económicamente activa no tiene trabajo formal y estable es una prioridad. Pero dado que el Estado salvadoreño carece de recursos para cubrir las más elementales necesidades de la población, para mejorar los servicios públicos de salud y educación, la reducción de impuestos pone, como mínimo, en duda la conveniencia de un proyecto de esta naturaleza, que tiene su antecedente más inmediato en las zonas francas.

En muchos casos, las maquilas operan como paraísos fiscales. En la práctica, sus políticas y decisiones suelen pasar por encima del Código del Trabajo. En algunas de estas empresas se despide al personal de forma arbitraria y sin indemnización, como se ha denunciado reiteradamente. Crear las zonas especiales puede suponer suspender en ellas la legislación que protege los derechos laborales, defiende los recursos naturales y protege la propiedad de costas y mares. ¿Es eso lo que se pretende? ¿Quién ganará con un proyecto de este tipo: los trabajadores salvadoreños, el Estado o solo los empresarios que inviertan? ¿Es este el saludo de despedida de un Gobierno que dice ser de izquierda?