Norma Guevara, jefa de fracción del FMLN, celebrando el nombramiento del Fiscal General de la República, dijo que es el cargo con mayor responsabilidad en el país después del oficio de Presidente de la República. Siendo así, imaginemos qué pasaría si por mal funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral se atrasara un par de meses la elección del Presidente de la República. Sería un caos y, por supuesto, se establecerían responsabilidades. En el caso del Fiscal, se da el atraso, pero nadie se hace responsable. Y no solo no hay responsables, sino que luego de la elección, los diputados aplaudieron su propia ineficiencia de dos meses. El final feliz justifica la ineficiencia y la irresponsabilidad.
Podrán decir algunos que el juicio es demasiado negativo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que solo con críticas, y críticas duras, se mueven adecuadamente quienes llevan el carro de la Asamblea. Cuando quisieron desarticular la Sala de lo Constitucional, hubo que decirles de todo a los diputados. Y cuando a las voces de protesta internas se unieron voces importantes del exterior, hubo cambio de actitud. Por un muy paradójico sentido del honor, han mantenido vigente una especie de comisión amenazadora sobre la Sala, pero dejaron a los cuatro magistrados en sus puestos. Con la parálisis en la elección de Fiscal, ha habido que decirles también de todo. Y una vez más ha sido necesario que desde fuera se les presione. Podrá desgañitarse el presidente de la Asamblea contra la doctora Knaul, relatora de las Naciones Unidas para la independencia judicial. Pero no cabe duda de que la opinión de esta experta sobre el impasse que había en la elección del Fiscal fue un necesario llamado de atención a ese modo absurdamente lento e irresponsable de los diputados.
Las cosas no deberían ser así. El Salvador no necesita que para hacer las cosas bien tengan que venir de fuera voces o personas a respaldar a quienes critican la ineficiencia parlamentaria. Un adecuado diálogo con la sociedad civil sería mucho más conveniente que esta pérdida de energía, recursos y tiempo que con tanta frecuencia se da en la Asamblea cuando los intereses políticos se ponen por encima del bien común. Aparte de que se queda en ridículo cuando, después de tantas acusaciones de compra de votos, de desastre democrático y otras linduras dichas unos contra otros, se producen estas unanimidades gloriosamente celebradas. Hacer bien las cosas no cuesta tanto.
Lo que queda ahora es respaldar al nuevo Fiscal. Entra con debilidad. Le quedan tres años para conocer a fondo la institución y actuar. Y entra en una institución poco dotada de medios. Sería trágico que continuara la tendencia de no proveer de recursos a la Fiscalía, para después echarle la culpa al funcionario, oponerse a su reelección y darle de nuevo al siguiente el breve plazo de tres años para mejorar una situación de difícil arreglo. Si Luis Antonio Martínez quiere hacer algo novedoso, no estaría mal que iniciara, con el apoyo de la sociedad civil, una evaluación de la institución que ahora tiene a su cargo. No solo para corregir lo negativo, sino sobre todo para hacer una propuesta de Fiscalía moderna, bien dotada, eficaz y que se coordine adecuadamente con sus cuerpos auxiliares.
Hasta ahora, los diputados se han preocupado de poner en el puesto a personas que no fueran incómodas a los poderes políticos. No se han preocupado de evaluar a la institución ni de tomar en cuenta la opinión de la sociedad salvadoreña, que sufre las consecuencias de la criminalidad y las insuficiencias institucionales en la persecución del crimen. En diálogo con expertos en temas penales y jurídicos, el nuevo Fiscal tiene la oportunidad de presentar un nuevo proyecto de Fiscalía General que corrija errores y ofrezca mayores posibilidades de éxito en la lucha contra la delincuencia.