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La Asamblea Legislativa fue diligente en la obtención de los votos necesarios para la elección del nuevo Fiscal General y la aprobación del Presupuesto General del Estado de 2019. Dos decisiones de distinta importancia, pero tomadas en la misma plenaria con los votos a favor de la totalidad de legisladores, con excepción del diputado no partidario, quien votó en contra. Después de la dilatada tardanza en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, nombrados cuatro meses después del vencimiento del período de aquellos a quienes debían sustituir, en esta ocasión los diputados han respetado el plazo establecido. Ello no es motivo de felicitación, pues únicamente cumplieron con su deber. Y menos aún porque la elección del Fiscal no se realizó con la transparencia debida ni en base a los principios de idoneidad e independencia.
El nuevo fiscal general, Raúl Melara, inició sus labores el lunes 7 de enero cargando sobre sí muchas y fundadas dudas acerca de su independencia, dada su trayectoria profesional tanto al servicio de la empresa privada como del partido Arena. Fue Director Ejecutivo de la mayor y más poderosa gremial empresarial del país, la ANEP; trabajó como funcionario en varias dependencias durante la gestión de Arena; fue asesor jurídico del candidato presidencial de la Alianza por un Nuevo País; y consta que ha sido donante del partido de derecha, aunque sin ser militante del mismo. Melara sustituye a Douglas Meléndez, cuya gestión al frente de la Fiscalía General deja un balance positivo, especialmente por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
El ex fiscal general mejoró el nivel de la Fiscalía en la lucha contra la impunidad, mostró mayor independencia y valentía en el combate al crimen que la mayoría de sus antecesores. Y al parecer, ello fue precisamente lo que impidió su reelección para un nuevo período. Tanto el FMLN como Arena y GANA se vieron amenazados en algún momento por la gestión de Meléndez. Y Aunque Melara ha prometido continuar el trabajo realizado hasta la fecha y fortalecer la Fiscalía General, también ha manifestado no compartir los argumentos por los que la Sala de lo Constitucional anuló la ley de amnistía. Ello pone en entredicho sus pretensiones de servir a los intereses de la ciudadanía, pues la ley de amnistía garantizó la impunidad para todos los perpetradores de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, anulando el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
Tal como afirmó el nuevo Fiscal, será por sus actos que se valorará su independencia y capacidad. Por medio de ellos tendrá que demostrar a la sociedad salvadoreña que verdaderamente está dispuesto a cumplir con lo que la ley le manda: “Ser fiel garante de los derechos de la ciudadanía y también salvaguardar los derechos del Estado”. Melara tendrá que mostrar que hay realidad detrás de la declaración que dio al día siguiente de su elección: “El país tiene grandes necesidades y por eso necesita una Fiscalía fuerte, una Fiscalía que esté apartada de cualquier tipo de intereses o cúpulas, y cumpla con su mandato constitucional para la cual fue creada”.
Al nuevo Fiscal no cabe darle el beneficio de la duda, porque tanto su trayectoria como el proceso de su elección apuntan a que ha sido escogido para defender determinados intereses. Por el bien del país, esperamos que sus acciones desmientan esa sospecha, mostrando firmeza e independencia en el combate al crimen. Raúl Melara no puede permitirse el lujo de cometer errores ni dar pie a ambigüedades. Desde el primer momento tiene que demostrarle a la sociedad salvadoreña que está a su servicio, especialmente de las víctimas, en contra de la impunidad y a favor de la justicia, con independencia de quién sea el que haya cometido un delito. Esta será su única y verdadera validación en el cargo que la Asamblea Legislativa le ha confiado.
